Desaprueba Naucalpan incremento en tarifa de parquímetros
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| Foto: Cortesía del Gobierno de Naucalpan |
El Gobierno de Naucalpan, en apoyo a la economía familiar, condonó el aumento a la tarifa del Programa de Parquímetros, luego de que el Código Financiero del Estado de México estableció, a partir del 1 de febrero, un incremento en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el ejercicio fiscal 2018.
En sesión de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron por unanimidad la condonación de este aumento en apoyo a la economía de los naucalpenses y visitantes de las zonas donde se cuenta con el programa de parquímetros.
Por lo cual, el Gobierno Municipal informó que la tarifa de los parquímetros se mantendrá en 2 pesos por cada 10 minutos, es decir, 12 pesos la hora como se estableció desde el inicio de su operación. Asimismo, el importe por el pago de retiro de inmovilizador no registrará incremento.
El Gobierno local reiteró que el Programa de Parquímetros de Naucalpan no es recaudatorio, sino de movilidad y orden, en beneficio de la ciudadanía.
La Administración Municipal implementa para mejorar la movilidad y cuidar el medio ambiente estas acciones, al tiempo que realiza operativos de vigilancia con la participación del Ejército y la Policía Federal, a fin de proporcionar mayor seguridad en las comunidades.
O sea, si leemos correctamente, resulta que a los ciudadanos se nos "perdonará" la dolorosa, angustiosa, agónica "pena de muerte chiquita" que resultaría para nuestro bolsillo el pago de un aumento en la ya de por sí alta tarifa actual por concepto de parquímetros y, por lo mismo, se nos "remite" la "deuda" ¿moral? que conllevaría semejante incremento impositivo.
Muy bien, debemos entonces ser ciudadanos agradecidos por vernos beneficiados por una medida a todas luces pensada más con tinte electorero, en oposición a las medidas del gobierno estatal, priyista, que realmente pensado en función de lo de veras necesario. Ironías de la vida.
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| Foto: Archivo Indicios Metropolitanos |
Cabe señalar que, entre el 1 de septiembre de 2017 hasta el 9 de febrero de 2018, de acuerdo con la página ParqNau elaborada para el gobierno por la empresa Operadora de Estacionamientos Bicentenario concesionaria del cobro de parquímetros en los 4 polígonos designados en Naucalpan: Satélite, La Florida, El Mirador y Tecamachalco, el total acumulado de ingresos por este concepto asciende a casi 12 millones de pesos, de los cuales el 40% es recaudación para el gobierno naucalpense, es decir casi 5 millones de pesos. Como bien explicó el Gobierno de Naucalpan en su respuesta a la solicitud de transparencia 00523/NAUCALPA/IP/2017:
“ParqNau” es un programa diseñado para dar beneficio a los naucalpenses, por lo que el 20 por ciento de los ingresos de las alcancías será destinado a realizar obras viales, en las mismas comunidades donde están operando y otro 20 por ciento se utilizará para trabajos en todo el municipio...
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| Foto: Archivo Indicios Metropolitanos |
El 29 de noviembre del año pasado, la diputada panista Rocío Matesanz Santamaría propuso ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar y adicionar los artículos 20 bis y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. En dicha propuesta, entre otras cosas, la diputada expuso establecer que las dependencias y entidades incluyan en las convocatorias y los contratos una cláusula de responsabilidad social. La también Vicecoordinadora en materia social del GPPAN propuso:
Las dependencias y entidades incluirán en las convocatorias y en los contratos, la cláusula de responsabilidad social que deberá cumplirse durante la vigencia del contrato con los lineamientos que se expidan, conforme a los proyectos de obras y acciones que la Secretaría asignará mediante cédulas por un valor del dos por ciento (2%) del monto total del contrato y será destinado a programas, obras y acciones, aplicándose preferentemente en el área de influencia, contribuyendo al desarrollo humano, la sustentabilidad ambiental y programas de responsabilidad social que privilegien construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios de las comunidades que se encuentren dentro de dicha área.
... [N]uestro país requiere más inversión en infraestructura. Y con esta propuesta estaremos dando un paso más para lograr que esta inversión fluya de manera más directa hacia las obras de carácter social...
Si dicha propuesta de decreto existiera desde tiempo atrás y, si consideramos que, dicho por el mismo gobierno de Naucalpan en su respuesta a la solicitud de transparencia 00767/NAUCALPA/IP/2017 también efectuada por Indicios Metropolitanos para establecer un comparativo de las inversiones en obra pública en los polígonos mencionados, el costo total de las obras durante el ejercicio fiscal 2016 fue de 57 y medio millones de pesos, mientras en el ejercicio fiscal 2017 disminuyó a poco más de 26 millones de pesos, podemos observar, para el caso que tratamos relativo a los parquímetros, los montos destinados para dichos programas serían, como se ve en la tabla mostrada, asaz insuficientes, apenas para tapar la muela de algunos de los obreros necesarios para realizar dicha "responsabilidad social".
Solo la rehabilitación del Paseo Jerusalem (ribera del Río Chico de Los Remedios, lado del fraccionamiento La Florida) y la repavimentación con concreto hidráulico de un tramo del Paseo de la Primavera en el mismo fraccionamiento (zona de retornos) significaron más de 2 millones de pesos de inversión exhibida por el gobierno como tomada del propio erario de por sí herido con una deuda que ya supera los 4 mil 200 millones de pesos. Algo no cuadra.
Si bien es importante la participación de la inversión privada en el desarrollo de la infraestructura de todo tipo para nuestro país, es justo cuando se analizan los fríos números cuando salta a la vista que la "responsabilidad social" de gobiernos y empresas más parece apuntar al resarcimiento y ¿condonación? de intereses creados entre la clase política y la iniciativa privada en una clara manera de "reparto del botín" resultante del apoyo financiero para las campañas electorales en cualquier tiempo.
De ahí la importancia de la redefinición y la puesta en marcha de manera completa de la iniciativa de la Ley 3 de 3, no solo para la adecuada transparencia (que de por sí implica una trampa), sino para la delimitación de las relaciones de intereses y la correcta rendición de cuentas. Aun con esa ley, hoy por hoy trunca y como ha podido comprobar Indicios Metropolitanos, es prácticamente imposible, incluso mediante las instancias para la transparencia, ni siquiera conocer más allá de lo elemental de la información relativa a las finanzas, fuentes de financiamiento, destino de fondos e intereses creados (siempre ocultos tras las más bizarras teorías conspirativas o la especulación) de, por ejemplo, el alcalde Edgar Olvera Higuera o el funcionario público que se quiera mencionar. El argumento siempre expuesto para negar la información redunda en el artilugio leguleyo de la protección de los datos personales del edil o de cualquier otro actor involucrado de manera pública. A veces creo que los derechos humanos no solo parecen proteger más a los criminales que a sus víctimas, sino también enmascaran el "derecho" a la tranza, la corrupción, disfrazándolas con ropajes de virtud.
