La verdad que importa
COMO ES arriba, es abajo, dicta la máxima esotérica; y la verdad que importa es como el agua entre las manos, inasible, apenas podemos conformarnos con las pocas gotas que consigue capturar nuestra piel para saciarnos la sed de justicia.
Detrás de la intrincada pregunta dada como "respuesta" e indicio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en días pasados al espinoso asunto sobre la consulta popular para determinar la constitucionalidad de que sean juzgados los ex presidentes, el desasosiego de una sociedad como la mexicana encaminada al encono, la diatriba, el descrédito y el reconcomio está dando frutos y solo espero que de la semilla germine, a pesar del dolor que nos espera, un México más consciente, menos crédulo, pero no tan escéptico que acabe anquilosado por la ataraxia hermana de la ignorancia y la ingenuidad. Y espero que esto no suceda por intermediación de fuerzas violentas. ¿Es posible que la SCJN haya jugado el rol de hacerse como que la virgen le habló, lavándose las manos, minando subrepticiamente las intenciones presumibles de una "cuarta transformación" más precupada en destrozarse internamente que en propiciar el beneficio del país en su conjunto?
Entre morenistas, guadalupanos, frennaaistas, priyistas, panistas... y demás fauna característica de nuestro México se desliza una sombra ominosa, la peor que podría de veras dar al traste con el país más que un solo hombre: el fundamentalismo. El fundamentalismo legaloide, el fundamentalismo que pervierte y subvierte al populismo, nacionalista o globalista, de derecha o izquierda, hasta hacerlo una vulgar fórmula demagógica de unos y otros; de los que creen que rezando propiciarán el milagro de una renuncia anticipada del presidente Andrés Manuel López Obrador; de los que creen que la resignación ciega es virtud que justifica la tozudez y el capricho de la ineptitud en la gobernanza; de los que creen que la Historia la escriben los vencedores o los vencidos, sin matices. Un fundamentalismo cargado de odio que enmascara al miedo de transformarnos, no al estilo o conforme a las expectativas de un individuo o un grupo o un credo o una ideología, sino conforme a los lineamientos del sentido común albergado en nuestra conciencia, conforme a la capacidad de adaptación a los tiempos y la naturaleza.
Aquí he criticado la necedad de los pueblos indígenas y sus "defensores" para que se mantengan incólumes sus usos y costumbres, porque está visto que muchos de esos usos y costumbres son, hoy, contrarios a los derechos humanos en toda su extensión, aun cuando hay otros que los sostienen y revaloran. Porque los usos y costumbres, aun habiendo los valiosos en su primogenitura como es el caso de la lengua, el arte, etc., significan, a querer o no, un ancla en el pasado o, cuando menos, una contradicción adaptativa hacia el futuro.
Lo mismo podemos decir de los usos y costumbres consentidos por una sociedad, en general, al margen de etnias, grupos, afiliaciones, gremios, preferencias, que en su diario proceder recurren a usos y costumbres tan lesivos como los acusados para otros ámbitos de apariencia menor. Que un gobernante se burle de sus gobernados, así se trate de una mayoría o de una minoría, deja mucho que decir del mismo. Y que los gobernados pequen de ilusos ya para votarlo como para botarlo no deja bien parado a nadie tampoco.
Lo que hemos atestiguado en los días pasados ha sido el incremento de la tensión de un resorte que en cualquier momento puede dar de sí y recular con efectos indeseados tanto para quien lo está estirando como para quien está sosteniéndolo; y todo esto es el preámbulo —lo digo con tristeza y seria preocupación—; es el preámbulo de cosas peores que la misma gente —ya ni siquiera sus políticos y líderes—, la misma gente va a desatar movida por la desesperación, la angustia, el hambre (lo mismo de bolillo que de poder), el sordo fastidio, el miope enojo, la insensata incertidumbre.
La Suprema Corte demostró que, como dice el infame personaje Raymond Reddington en algún capítulo de la serie que protagoniza [Black List, 2019, T6:C3], en los tiempos que vivimos la ley está supeditada al capricho de la política.
"Juez: ¿El Departamento de Justicia hizo un pacto con el Diablo mismo!
"RR: ¿Los jueces no deberían al menos simular ser imparciales! [...]
"Su indignación no me concierne. Lo que sí me concierne es que las personas poderosas de este país hicieron este acuerdo y aquellas que cosecharon sus beneficios durante años en realidad consideraron la opción de negar su existencia. Decidieron [igual que con la muerte del hermano de AMLO o el caso Bejarano y tanto más, apunte mío] decir que lo sucedido nunca ocurrió.
"El hecho triste de los hechos es que los hechos nunca han importado; menos ahora. Vivimos en un tiempo en que la verdad tiene un valor tan disminuído que incluso aquellos en la cúpula del gobierno están más cómodos con que la verdad sea aquello que ellos dan a la gente y la convence de creer.
"Eso es lo que me parece inaceptable.
"Por su puesto que la verdad importa, su señoría, en salas como la de esta corte sobre todo. Pero, la verdad es que, sin importar si a usted, a él o a alguien más le guste o no, existe un acuerdo de inmunidad".
Flaco favor le estamos haciendo los mexicanos a la verdad cuando, unos, padres apenados, en busca de sus "desaparecidos", incapaces de hacer un enterramiento virtual en su mente y corazón, se empeñan en una búsqueda sin fin, siempre topando con la pared de la "verdad histórica" y oficial, aun presentando hechos y datos incontrovertibles desde su particular punto de vista. Porque la relatividad en política es determinante de que, aun cuando la realidad es una, la verdad es fragmentada, parcelaria y depende del punto de vista de quién la valora y examina, es decir, siempre hay "otros datos" para contrastar y, en la labor de argumentar y juzgar, quien tiene más saliva traga más pinole.
Yo no voté por el gobierno en turno, lo he dicho abiertamente; y de la misma manera también he dejado asentado aquí, ya no sé cuántas veces, que estoy convencido de que tendremos dos sexenios con el partido MORENA en el poder federal, igual que sucedió con el PAN; me guste o no, te guste o no. Y es que nuestro país está experimentando. Así, experimentando. Experimentando con un concepto que nos pone a prueba a todos si queremos e imaginamos un país con una democracia flexible, participativa, amplia, verdadera. Todos los actores son gobernantes incipientes, aun los que se registraron en la pasada elección para competir con independencia de un partido. Nadie nace sabiendo gobernar, como nadie nace sabiendo cocinar o leer. Y claro que la curva de aprendizaje puede ser más o menos tortuosa, y si a ello se suman circunstancias ajenas como una pandemia y una recesión global, pues nos encontramos en un caldo de cultivo donde la esperanza, más pronto que tarde, acabó gestando a la desesperanza.
La democracia no fue creada para dar voz a las mayorías, por lo general idiotas (en el estricto sentido etimológico de la palabra), porque estas tienden a vociferar y en el escándalo cifran la justificación de su proceder enajenante, anónimo y anárquico. La democracia fue creada para dar voz a las minorías de esos diputados y senadores, síndicos y regidores que, en el supuesto de representar a las "mayorías" interesadas dentro de la mayoría, tienen un punto de vista distinto del común denominador del conglomerado y que, por ello, puede ser y se estima como el fiel de la balanza en la consecución de la justicia, la determinación de la norma y la ejecución del orden. ¿Es así?
La ley, por su lado, fue creada tanto para ordenar, instruir con base en el capricho de quien esgrime el poder: se trate de Dios, Moisés, Hammurabi, Trump, Putin o el sah de Irán o el Partido Comunista Chino o el Tribunal de La Haya. Planear que el poder reside en el pueblo es una falacia que solo se realiza de manera brutal en Fuenteovejuna, cuando ni el Comendador escapa al escrutinio revanchista de los líderes que convencen a la turba de acomodar lo que cree desacomodado, aun cuando en principio la razón haya sido justa. La ley, pone en la letra la costumbre: mor est lex. Y al hacerlo la norma, es decir la forma y en ello también la deforma y la informa y la conforma.
Cada "reforma" constitucional, que algunos ven como parche, enmienda, adecuación, adaptación, ajuste, actualización, implica la deformación del principio originario, a veces para bien, a veces para mal. De ahí la idea de "torcer" la ley para conseguir efectos favorables a determinados derechos aun a pesar de las evidencias, pruebas y verificación de los hechos.
Cada publicación de algún acto legal, sentencia, ordenamiento, edicto informa, aun más que a la población lega o al abogado especialista acerca de estas torceduras y su tratamiento terpéutico, muestra los recovecos, los vacíos aun por llenar y así, además de mostrar lo útil para el argumento y el debate y el litigio, revela los meandros de túneles por donde puede escapar la mirada interpretativa.
La ley no tendría que ser sujeto de interpretación si se siguiera a la letra; pero, ocurre que la letra con que es escrita se enreda en las circunvoluciones del poder ser, el querer ser y el deber ser aun hasta siendo cosas juzgadas.
Nuestro país, México, en estos días aciagos por donde se los vea, por la razón que sea entre la pandemia, la recesión mundial y las decisiones torpes de los actores políticos (incluidos los ciudadanos), se haya entre la ley y el gusto, entre la democracia y el imperio del poder (sea el del pueblo, el del dinero, el del conocimiento, el militar o el de un reyezuelo desnudo orondo en su islote).
Pensábamos, y ya lo han discutido muchos en estos días; pensábamos que la ley era tallada en piedra e inamovible. La democracia vigente demostró que no es así y se la pasa haciendo reformas a la misma ley.
Pensábamos que solo unos enterados representantes y jurisprudentes tenían carta blanca para hacer con pluma, sello y lacre las enmiendas necesarias, aun cuando estuvieran en concurso los intereses más aviesos. Hoy, la decisión de la SCJN abre la ventana a la posibilidad de que la ley pueda estar sujeta a la interpretación no nada más de los expertos, sino del vulgo lego sobre quien opera cada artículo, inciso y código penal, civil, mercantil, militar, etcétera.
Pensábamos que la ley no se discute sino se acata y ejecuta, y que para ello se crearon, como parte de la división del trabajo y la distribución de poderes, los roles de juez, ministro, magistrado, fiscal, procurador. Y que la Constitución deja claramente asentado a quién toca qué parte y en ningún artículo señala que el ciudadano común pueda participar de manera abierta en la determinación de la inocencia o culpabilidad de cualquiera. La decisión de la SCJN y la celebración presidencial nos muestran que existe la intención de "transformar" ese principio. Por un lado, quizá sea la primera piedra en el nuevo muro de un sistema judicial distinto en el que, al estilo de otras latitudes, se incluya la figura del jurado en la celebración de la ya novedosa transición a un sistema de juicios orales, en el afán de ajustar la justicia a dos necesidades: expedición y prontitud, verdad acomodada al bien común.
También en este espacio, tiempo atrás, escribí al respecto de la necesidad, primero, de incluir las figuras de consulta popular, referendo, plebiscito y revocación de mandato en la Constitución. Eso ya se hizo en años recientes, aunque sin darles valor vinculante, sino como meras menciones de buena voluntad, con miras a un futuro más maduro o como francos y cínicos dedos embarrados de atole para satisfacer la morbosidad de los renegados y los iracundos que, en el ejercicio seudodemocrático de sondeos de opinión y consultas con urna o a mano alzada calman las ansias de novillero. ¿Será que ese tiempo de madurez ya llegó? A ojos míos y de AMLO y otros, sí, aunque a veces nuestro pueblo dizque bueno se comporte como adolescente.
Entonces, la declaración de la SCJN, más allá del éscandalo mediático y político, sienta un precedente que no podemos mirar de soslayo, pues pone en el meollo del asunto un tema medular: la consulta es constitucional, porque está en la Constitución y punto; pero no basta. Su objetivo no lo es tanto por no tratar un tópico trascendental para la nación, y de ahí que la pregunta fuera modificada a una más amplia, de apariencia vaga, pero que fuera capaz de abarcar a todos los actores y momentos políticos cuyo peso en el devenir nacional haya supuesto trascendencia nacional y no solo temporal, personal, particular. La pregunta, así, más que suponer un desaliento, tendría que ser vista como el indicio, el punto de partido para que el Congreso, sea desde el partido en el poder o la oposición o juntos, tomen cartas en el asunto en el interés por aterrizar y realizar de facto y jure y no solo de buena voluntad, la idea de que México cuenta con una democracia tanto representativa como participativa y donde hasta el más humilde ciudadano sea tomado en cuenta en su opinión, derecho, necesidad y actuar al servicio del bien común. Tal como sucede con los jurados que, junto con el juez de turno, analizan, revisan, ponderan los factores, signos, pruebas, evidencias que pueden inclinar la balanza de la inocencia o la culpabilidad de un individuo o grupo. El juez es garante de la justa aplicación de la ley, pero el jurado es el garante de la incidencia que dicha aplicación puede tener o dejar de tener sobre la sociedad en su conjunto. Así, la jurisprudencia se hace no nada más desde el escritorio, la biblioteca, la corte y la mente de uno o más expertos, sino desde la sensibilidad del público mismo además. Eso no es una aberración. Si la intención de este gobierno es caminar ese sendero, lo acompaño. Si su intención es de otra índole disfrazando su hipocresía de solidaridad, entonces execro.
Como escribí en mi ensayo sobre Participación Ciudadana:
La indefensión ciudadana está a expensas de la buena voluntad política de las autoridades erigidas con facultades discutibles para el arbitrio de procesos y resultados. Y el hartazgo y la inquietud ciudadanas hacen caldo de cultivo para actuaciones que, aun buscando el bienestar de la comunidad, pueden incidir en tentaciones perniciosas así de grupos como de individuos.
La verdad que importa es si la ley puede ser discutida en asamblea pública y abierta por toda Fuenteovejuna y si aun son operantes y pertinentes los grupos de representantes y las comisiones que, hemos visto, acaban haciendo lo que los astutos y zagaces negociadores inculcan.
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