La Conjunción del Desorden: Crónica de una Democracia en Jaque
En el corazón del Estado de México, la democracia se despliega como una tragicomedia de intrigas y silencios cómplices. Mientras la ciudadanía se enfrenta a elecciones relámpago en dos mil veinticinco, el telón de fondo se tiñe de episodios de dos mil veinticuatro –y hasta de antecedentes que se remontan a dos mil dieciocho–, revelando un entramado de irregularidades, operativos encubiertos y maniobras que sacrifican la transparencia en nombre del poder.
Era un domingo agitado: el treinta de marzo de dos mil veinticinco, la elección de delegados y planillas de Consejos de Participación Ciudadana (COPACIs) se celebró en cada fraccionamiento, colonia, barrio y pueblo del Estado de México, bajo el mandato de un gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, afiliada al movimiento morenista.
Con apenas una semana de campaña y una convocatoria comunicada a trompa talega, el proceso se redujo a un ritual burocrático en el que la verdadera participación ciudadana quedó relegada. La utilización experimental de urnas electrónicas –“prestadas” por el INE a solicitud de los gobiernos estatal y municipal en distritos específicos del Edomex, sin que ello implicara garantías ni del proceso ni de los resultados– pareció favorecer de manera sospechosa a las planillas marcadas con el enigmático número cuatro, muchas de las cuales parecían auspiciadas de alguna manera por la llamada "4T" del partido MORENA.
Aun más indignante es la designación de funcionarios menores o de confianza del gobierno municipal como funcionarios de casilla en estas elecciones de autoridades auxiliares. Aunque legal, esta práctica no solo es reprobable, sino indecente. El “atole con el dedo” al que se somete la ciudadanía evidencia que, en estas elecciones de COPACIs, los gobiernos municipales –y, a través de ellos, los estatales y el federal– actúan como jueces y parte, anticipando un preocupante precedente que se extiende hasta las próximas elecciones de jueces, magistrados y ministros.
Antecedentes que ya implicaban preocupantes indicios
Una semana antes de los comicios, en el fraccionamiento La Florida, el alcalde Isaac Montoya encarnó a un gobierno operante tras bambalinas.
Con el beneplácito de la mesa directiva de la asociación Colonos de La Florida, Montoya utilizó instalaciones privadas para convocar a una junta de seguridad de alto nivel.
Funcionarios y mandos de seguridad de los niveles estatal, municipal y federal –incluida la imponente Guardia Nacional– se congregaron en un ambiente que pretendía ser la solución a los problemas vecinales. Sin embargo, mientras los vecinos aguardaban en el exterior, el alcalde se retiró con una lista de cerca de veintidós pendientes, no solo en materia de seguridad, sino también de compromisos que exigían respuesta inmediata. Lo más revelador fue su omisión al no visitar la comandancia local para constatar las deplorables condiciones en que viven los oficiales de policía.
En medio de este desencuentro, la mesa directiva me señaló –¡a mí, Santoñito Anacoreta, la voz crítica de Indicios Metropolitanos!– como responsable de tal omisión, simplemente por haber estado en la cercanía, cuando las calles eran custodiadas por policías estatales armados con armas largas. En ese clima, ya de pie en el templete instalado en las canchas del parque del fraccionamiento, Montoya no escatimó en alardear de supuestas instrucciones –presuntamente emanadas de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez– destinadas a reorganizar el oriente del Estado de México, en un plan que, a mi juicio, más parece que apunta a diluir la autonomía municipal de Naucalpan y otras periferias.
Sucesos con larga cola en el tiempo
El año dos mil veinticuatro ya se presentaba como telón de fondo de hechos inquietantes a los que se sigue sumando a un legado de corrupción y violencia que se remonta a dos mil dieciocho y aún antes.
En aquellas elecciones, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y Patricia Durán la alcaldía de Naucalpan, surgieron en Naucalpan y otros municipios narcomantas atribuidas al “Mayo Zambada”, que instruían a los alcaldes a no entremeterse, bajo la promesa de que el crimen organizado se encargaría de “limpiar” las plazas de narcomenudistas –con la venia, según se cuenta, del mismo AMLO–. Desde entonces, la violencia y la inseguridad se han incrementado poco a poco, a pesar de los “otros datos” oficiales, los “detentes” y otras ocurrencias emanadas desde el Palacio Nacional.
En abril de dos mil veinticuatro se supo del polémico sacrificio de aves en el Senado de la República, llevado a cabo por legisladores morenistas encabezados por Adolfo Gómez Hernández, acto que, de forma sorprendente, pasó sin sanción.
Apenas un mes después, el siete de mayo, durante un cateo en un domicilio del fraccionamiento Echegaray, Naucalpan –motivado por una denuncia de maltrato animal contra un babalawo de origen venezolano, identificado como César Granda– la fiscalía estatal, en un operativo que rozó lo clandestino, extrajo cinco libretas que parecían agendas o registros de direcciones de clientes y seguidores del santero. Indicios Metropolitanos solo ubicó y contactó a César Granda; sin embargo, cuando se solicitó una entrevista para conocer la actualización de los avances sobre este caso, la fiscalía eludió dar respuesta y, hasta la fecha, no se ha publicado ni un boletín informativo que sintetice lo respectivo. Este episodio refuerza la hipótesis de un entramado de vigilancia y control que opera en la penumbra.
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| Babalawo César Granda. Imagen tomada de publicación en su canal de TikTok. |
Pero, como en un thriller, la trama se oscurece aún más con los incendios que asolaron oficinas de alcaldías y palacios municipales durante dos mil veinticuatro.
Uno de los episodios más inquietantes ocurrió en la madrugada del veintinueve de junio en el Palacio Municipal de Naucalpan, cuando un incendio en la Secretaría del Ayuntamiento no solo dejó daños materiales considerables, sino que puso en jaque la seguridad de documentos oficiales en un momento crucial de transición administrativa. Incidentes similares en Tláhuac, Coyoacán, Chilpancingo, Soledad de Graciano Sánchez y Ecatepec evidenciaron una vulnerabilidad que, en un contexto de alta tensión política y social, amenazaba con borrar la memoria institucional.
En medio de este torbellino, se desplegó el “operativo enjambre”, destinado a arrestar a policías y funcionarios municipales y estatales presuntamente vinculados al crimen organizado. Este operativo alcanzó su clímax dramático al coincidir con la aprehensión marginal de agentes relacionados con el “Mayo Zambada”, aprehendido en medio de irregularidades legales, y quien enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos. La presión se volvió insoportable cuando el Director de Seguridad de Texcatitlán se suicidó en el preciso instante de su detención, dejando un eco de desesperación en un ambiente de control y vigilancia extrema. Los incendios pasaron a ser de solo incidentes forestales a provocaciones vergonzosas, algunas en calidad de cortinas de humo para ocultar las peores perversidades, incluida la verdad en torno a los desaparecidos.
Un fragmentado mosaico de hechos.
Ante este mosaico, se imponen reflexiones profundas y urgentes.
La improvisación electoral, la concentración del poder y la opacidad administrativa no son meros incidentes aislados, sino síntomas de una democracia sometida a la lógica del control y la impunidad. Es imperativo que la ciudadanía, en su papel de vigilante y partícipe, exija reformas que reestablezcan la transparencia y la justicia. El problema es que, de los partidos políticos, de todos no se hace uno lo suficientemente confiable, ya no digamos representativo de los intereses de la sociedad.
Podría levantarme de mi asiento ahora y, con un manotazo en la mesa, proponer enérgicamente, una reforma integral que contemple la planificación y la transparencia en las convocatorias electorales, auditorías independientes que revisen tanto la tecnología como los protocolos de manejo de información, y una revisión exhaustiva del marco legal para cerrar las lagunas que hoy permiten estos abusos. Pero ingenuo no soy. Eso, al menos en la circunstancia actual y mientras tengamos el gobierno de ahora, es tanto como pedir peras al olmo.
Sin duda es vital modernizar los sistemas institucionales y fortalecer la seguridad física y digital de nuestros archivos y oficinas. Mejorar la eficiencia y la honestidad de las instancias ejecutivas de prosecución de la justicia, no solo una "pedorra" reforma a un poder, como el Judicial, que no resuelve nada. Solo así se podrá reconstruir la confianza perdida y devolver a la democracia su esencia, en un compromiso real con el bien común.
Y no podemos obviar que se avecinan reformas legislativas que insisten en minar a la república: la farsa de las elecciones de jueces, magistrados y ministros, y la creciente cooptación del INE por el gobierno, son señales de alerta de un futuro en el que el poder concentrado amenaza ya los cimientos mismos de nuestra soberanía. Me atrevo a decir que aún peor de lo que sucedía en tiempos del priato, con todo y que Vargas Llosa la calificara de la dictadura perfecta o dictablanda. Muchos legisladores parecen estar de acuerdo en acomodar las piezas en el ajedrez para la hegemonía de partido en México pueda semejarse a la del viejo PRI o hasta del Partido Comunista Chino.
La historia reciente del Estado de México, como la de Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, por mencionar los estados hoy más adoloridos por los efectos de la violencia, nos convoca a no aceptar pasivamente una democracia desvirtuada. Es hora de repensar, cuestionar y transformar un sistema que ha permitido, a expensas del ciudadano, que se jueguen los destinos de una nación en la penumbra de la impunidad.
