En marzo de 2009 publiqué este artículo en otro espacio que tenía. Hoy, ante los errores de Enrique Peña Nieto, pre candidato del PRI a la presidencia de la República, y el reciente aumento al salario mínimo, me parece que sigue siendo oportuna la idea central de este texto que publico de nuevo tal cual, en el entendido que la ley mencionada se aprobó para efectos exclusivos de los funcionarios públicos. Es claro que propugnar por una Reforma laboral (urgente) no puede dejar de lado este tema.
En estos días está discutiéndose en el Congreso mexicano la creación de una ley que fije el techo de los salarios que podrían percibir los funcionarios públicos en el futuro. El techo inicial, conforme a lo propuesto por el presidente Felipe Calderón, es que nadie gane más que el jefe inmediato y menos que el presidente de la República.
La propuesta, si bien es buena en principio, en espíritu, no deja de ser una medida populista tomada ni más ni menos que de las promesas de campaña que Andrés Manuel López Obrador hizo efectivas desde que tomó posesión para el gobierno del Distrito Federal. Él fue el primero en reducirse el sueldo y ahora el presidente Calderón hace lo suyo. Pero ninguno de los dos llevó el acto más allá de las consecuencias que personalmente están dispuestos a pagar. En lo político, el costo es más alto.
Los senadores y diputados han comprendido que esta medida tiene gran arrastre entre la opinión pública y, ahora, conscientes de su nefanda imagen pública, quieren jugar con la misma pelota. Falta ver si los subalternos de las distintas dependencias del orden de gobierno estarán dispuestos también a participar en el juego. Definitivamente, en estricto sentido, ante esta iniciativa lo que los distintos actores deben tomar en cuenta es que si se quiere actuar con orientación social, o todos coludos o todos rabones.
¡Y la perinola, girando!
El verdadero problema de la pobreza en México radica en la mala distribución de la riqueza. No lo digo yo, lo destacan personalidades tan relevantes como la OCDE, cuyo presidente José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda de México, ha señalado que de no tomarse las medidas pertinentes, la inequitativa distribución de la riqueza en México y otros países del mundo podría representar serios dolores de cabeza para la estabilidad, nacional, regional y mundial.
La ley que ahora se quiere conformar de entrada es maniquea, pero podría dejar de serlo si, en vez de acotar el tema de los salarios máximos al ámbito de la función pública, lo extendiera a toda la economía. Claro que hacerlo supondría una discusión más álgida y un trabajo harto complejo, pero podría resultar en una base más realista para comenzar las tan anheladas reformas del estado, fiscal, energética y laboral. Sería imperdonable que los congresistas engendraren un esperpento legislativo como tantos otros cuyo único destino serían las páginas de los diarios.
Por principio de cuentas, una adecuada ley sobre el tenor, para ser coherente y en verdad atacar de raíz lo que se pretende terminar, debería ser incluyente. Nada de sólo abarcar en la iniciativa únicamente a los funcionarios públicos, tanto en puestos políticos como en puestos técnico-administrativos. También debería meterse en la canasta a la iniciativa privada.
El espíritu de la actual propuesta es noble, lo entendemos. Busca entre otras cosas erradicar de tajo las oportunidades y prácticas nocivas que actualmente ofrecen los emolumentos y prestaciones a funcionarios menores y mayores, pues si bien es verdad que hubo un tiempo que ganaban míseros pesos y ello prohijaba la corrupción, está probado que con todas las canonjías obtenidas tras cacareadas luchas sindicales, la corrupción y la mendacidad de nuestros funcionarios públicos no es menor sino, por el contrario, hasta ha resultado en el escenario precioso para la connivencia con, ni más ni menos, que con la iniciativa privada, con la que finalmente logró igualarse en parte.
Como sea arriba, que sea abajo
Digo "en parte", porque también es cierto que la disparidad existente entre los sueldos públicos y privados sigue siendo notable. Entre las mismas empresas privadas y al interior de muchas de ellas, los tabuladores, lejos de ser justos, son una clara muestra de la vergonzosa distribución de la riqueza.
La ley, para ser en verdad útil, más que partir de buenas intenciones y propósitos político-partidarios, debería sustentarse en un estudio concienzudo, técnico, capaz de formular un modelo matemático sobre el cual se construya un tabulador nacional donde mínimos y máximos de sueldos estuvieran ajustados a una curva (generalmente logarítmica o geométrica), y en la que las distintas formas de empleo pudieren ser agrupadas de manera homologada y congruente con las necesidades de la población. Adicionalmente, dicho modelo requeriría de versiones ajustadas conforme a las variables principales para la asignación de salarios: edad, escolaridad, antigüedad, habilidad, responsabilidad.
Un tabulador nacional traería orden, disciplina, flexibilidad, certidumbre; propiciaría la homogeneidad, la nivelación, y eliminaría los extremos y los excesos de la discrecionalidad sin regla. Dos ejemplos: Es inverosímil, pero sucede, que personas con edades de 40 terminen jubilándose y sumándose a las cada vez más largas filas de pensionados (y esto no solo lo menciono respecto del problema de pensiones que afecta a trabajadores del IMSS y el ISSSTE). Y también resulta discriminatorio que las contrataciones de personal pongan límites y obstáculos al derecho al trabajo argumentando topes de edad o género, por ejemplo. Ciertamente las descripciones de puesto son importantes tanto en la iniciativa privada como en el gobierno, y cumplen con la función de definir las características deseables de la persona a ocupar una posición laboral, pero muchas veces no se corresponden los ideales con la oferta real del mercado laboral o los perfiles poblacionales.
Un tabulador incidiría positivamente en la construcción del servicio social de carrera, en el establecimiento de escalafones más claros, tanto para la iniciativa privada como para la función pública.
Piedra de toque
Una ley sobre salarios máximos no se entiende sin la ley de salarios mínimos. Ambas deben ir de la mano y no hacer distinciones ni discriminaciones, por ejemplo, so pretexto de diferencias regionales. Es más deberían ser una misma y hacer homogéneo el salario de los mexicanos. ¡Ya basta de salarios de primera, segunda y tercera!
Los dineros de la federación requieren ser equitativa y no sólo proporcionalmente entregados a los estados, como las utilidades de los negocios son repartidas equitativa y proporcionalmente a los trabajadores de la iniciativa privada. Los premios y bonos deben ganarse a pulso, sobre la base del cumplimiento de objetivos, sobre la base de la productividad. Lo que aplica para un obrero en una fábrica, no hay razón por qué no deba aplicarse también al empleado gubernamental y viceversa. Si resulta grosero mencionar lo que gana hoy un magistrado de la nación, no lo es menos reconocer lo grotesco de los altísimos sueldos de muchos deportistas y artistas. No se trata de demeritar los esfuerzos y capacidades de unos sobre otros, pero a los ojos de la utilidad social, tan necesario e importante es un albañil como un delantero de la selección nacional.
Si un gobernador, por su nivel de responsabilidad obtiene un salario alto, pero menor que el del presidente, no puede, no es lógico, que gane más que el gobernador vecino. O todos coludos o todos rabones.
Póngase un techo al salario máximo de la cabeza de una empresa privada afincada en México y que éste sea menor que el del Presidente de la República y equivalente al de la superestructura gubernamental. ¿Y si aún sobra? ¡Que se distribuya hacia los niveles inferiores y lateralmente! ¡Que se emplee reinvirtiéndose en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología, en educación y capacitación, en seguridad social e infraestructura! Que no se anegue como agua de tinaco derramada y estancada en la azotea de la high society. O todos hijos o todos entenados.
Una ley semejante, que abarcase a todos, sería más justa y daría más certeza. Deberá ir junto con la ley laboral y sustentar cualesquiera reformas fiscales. Y estas podrían resolverse cada año y no estar sujetas a torpes enmiendas cada vez que los diputados se dan cuenta de sus omisiones por ignorancia o estupidez. Además sentaría los principios para erradicar algunos de los argumentos actuales de la discriminación laboral como lo son ahora la edad, la capacidad, el género, la etnia o la escolaridad.
