Expide Cámara de Diputados Código de Ética

CON 318 VOTOS A FAVOR, 26 en contra y 35 abstenciones, en lo general y en lo particular de los artículos no reservados quedó aprobado el proyecto de decreto que adiciona una fracción XX al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y se expidió de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Falta ver si en el Senado se promulga la réplica respectiva.

Con este decreto, como expusieron algunos de ellos en sus alocuciones previas a la votación, la 58a. Legislatura de México pretende dar un vuelco cultural a las prácticas de los representantes populares en sus funciones como diputados y, así, establecer cotas de comportamiento acordes con las necesidades de los tiempos y más aún con las exigencias del pueblo mexicano.

El decreto cobra forma días luego del escándalo ocasionado por la filtración del padrón electoral en un reservorio de la empresa Amazon, y tras saberse que el causante de dicha "filtración" fue el partido Movimiento Ciudadano. El hecho, aparentemente inconexo, cobra mayor relevancia de contraste a la luz de este decreto cuando atendemos a las palabras de la postura de la diputada Verónica Delgadillo García de esa fracción en el congreso para quien "el Código de Ética brinda a las diputadas y a los diputados la oportunidad de hacer pública las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés". En tal sentido, y refiriéndose a la percepción de la ciudadanía sobre el Congreso y su rechazo a la corrupción, planteó además establecer la obligación de hacer pública la declaración 3 de 3. La aparente incongruencia entre el hecho escandaloso y la propuesta de la diputada ¿pudo ser causa de que no fueran admitidas sus reservas? En algo acompaño a la diputada y es cuando afirma sobre el código de ética: "este podría ser un buen ejercicio para dignificar la política para recobrar la confianza de los ciudadanos". Pero espero también, como muchos ciudadanos, que más que simplemente un ejercicio se vuelva una práctica constante como forma de autorregulación, que no de autocensura o parapeto de conductas favorecedoras de la impunidad.


Del cruce de este Código de Ética, la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción, los diputados estiman estar sentando las bases para convertir la percepción ciudadana respecto de sus representantes populares, las instituciones políticas y los partidos y los mismos políticos en una más favorable para la imagen total del Congreso y la política mexicana. Y es probable que tal pueda darse, pero no será de la noche a la mañana. El movimiento, no lo olvidemos, se demuestra andando. Y no será con un decálogo de buenas intenciones como se maquillarán los procederes oportunistas y corruptos de más de un actor político. Pues un código de ética no solo ha de mirar hacia el interior de la organización o institución a la que sustenta, sino que, aplicando una visión sistémica, ha de responder a los flujos de comunicación que ligan a dicha organización o institución con los otros sistemas que hacen posible su existencia, su actividad y su devenir. Normas clásicas y universales como "no matarás" no fijan una obligación hacia quien es el llamado a no cometer el delito, sino a comprender que, cometiéndolo, todavía más que afectar al origen de la norma afecta directa o indirectamente al objetivo de la norma y que radica en el interés del otro, en este caso el derecho a la vida de otro ser humano.

En palabras de la diputada priyista Carolina Monroy:
La corrupción no solo tiene que ver con el ejercicio indebido de los recursos públicos. La corrupción es sinónimo de degradación, de descomposición en el ejercicio o cargo con el que los ciudadanos nos honraron y que nosotros protestamos honrar. Un código de ética como el que hoy aprobaremos es sin duda un paso adelante, aunque insuficiente. [...] Donde hay transparencia, honradez y decencia, no se incuba la corrupción que ofende e indigna a la sociedad y que mucho a contribuido a descomponer nuestro tejido social.



Insuficiente, sí, porque requiere además ir de la mano de otras reformas tendientes a desarmar el andamiaje que hasta ahora ha permitido que, bajo la protección del fuero, los funcionarios públicos y particularmente gobernantes, diputados y senadores evadan la acción de la justicia y las sanciones correspondientes por actos de corrupción. El fuero es necesario, sin duda, pero es momento de acotarlo porque, o todos coludos o todos rabones también en este tema.

Estamos viviendo interesantes tiempos de transición en muchos ámbitos de nuestra vida política y social. Esperemos que lleven buen rumbo y mejores vientos. Por lo pronto, de forma simultánea que cuando este código se aprobaba, la escritora y académica Denisse Dresser emitió una solicitud mediante el portal Change.org para pedir al congreso un periodo extraordinario en el cual se discuta y vote la iniciativa ciudadana de la Ley #3DE3 complementaria del heptálogo que conforma el "Sistema Nacional Anticorrupción" compuesto por las leyes:
  1. Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley #3DE3).
  2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
  3. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
  4. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
  5. Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
  6. Adecuaciones al Código Penal.
  7. Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

No obstante, dicho periodo extraordinario no ha de suceder, aun cuando lo dicho por el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva considerara en su resumen de clausura del segundo periodo ordinario legislativo:
Los integrantes de este cuerpo legislativo, al igual que los otros poderes de la Unión, nos encontramos ciertamente en medio de un escenario nacional complicado en la economía y severos problemas de seguridad. Los retos que tenemos por delante son mayúsculos y las crecientes demandas ciudadanas entendibles. Sin embargo, a partir de un intenso ejercicio democrático de intercambio de conceptos e ideas políticas hemos logrado avances significativos en nuestra responsabilidad de hacer y reformar leyes, para tomar acuerdos importantes en beneficio de la sociedad, en medio de nuestra diversidad y pluralidad política. 
[...] Está desde luego, en la preocupación del Congreso, contribuir para mejorar la seguridad de la sociedad, sus bienes y seguir avanzando en temas sensibles como el combate a la corrupción. Espero, confío, deseo que en breve contemos con las piezas legislativas que reclama la sociedad al respecto [...] Quedan muchos pendientes.



Seguridad en transporte público naucalpense

 EN NAUCALPAN ya hace tiempo que vienen efectuándose operativos de cateo y seguridad para prevenir los asaltos a pasajeros de transporte público. Estas medidas muchos podemos verlas como un buen recurso y no negamos que ha dado frutos; sin embargo, y más allá de la sola percepción de la ciudadanía, los esfuerzos y estrategias siguen siendo ineficientes por más de una razón de orden, sobre todo, relacionado con la procuración de la justicia y fallas que pasan por la casi nula denuncia de parte de los individuos afectados o la conformación equívoca y fallida de carpetas de investigación, algunas de las cuales incluso terminan durmiendo el sueño de los justos sin que se les de el adecuado seguimiento.

En fechas recientes tras el reforzamiento de las acciones para inhibir el robo a transporte público en Naucalpan, elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, detuvieron a cuatro presuntos asaltantes, entre ellos un menor de edad, cuando se aplicaba el programa  “Pasajero Seguro” en  Avenida Lomas Verdes, informó El Comisario Arturo Rodríguez García, quien explicó que los usuarios de una unidad de transporte solicitaron apoyo a los policías  que se encontraban sobre Avenida Lomas Verdes,  toda vez que cuatro personas los habían despojado de sus pertenencias.

Los policías municipales iniciaron una persecución a pie por tierra y con varias patrullas,  logrando la detención de los cuatro presuntos responsables del robo a los usuarios del transporte público, y a quienes al realizarles una revisión de seguridad se les encontró: un arma de fuego con la que se presume amagaron a los usuarios, teléfonos celulares, carteras e identificaciones oficiales, objetos que las personas identificaron como sus pertenencias.

Los detenidos fueron identificados como  José Eduardo  N. de 19 años, Jorge N. de 23 años, José Luis de 35 años y el menor Roberto N de 17 años de edad,  quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público donde se  inició  la carpeta  de investigación  483350830156816   por el delito de robo con violencia.

Arturo Rodríguez García,  mencionó que gracias al despliegue que se implementa en el municipio para disminuir este tipo delito, se logró la detención, ya que las revisiones son aleatorias y sorpresivas.

Desafortunadamente, aun con logros semejantes, la ineficacia de estas medidas no radica tanto en el desempeño de los elementos policiales, los que pueden estar poniendo todo de su parte para el bienestar de la sociedad, sino en el entramado legal. Mientras la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito no se coordine internamente con los Ministerios Públicos y la Dirección Jurídica, los objetivos que pueden ser comunes en la administración y procuración de la justicia seguirá siendo la asignatura pendiente.

Actualmente el gobierno de Naucalpan se encuentra haciendo una reestructuración interna, una reorganización de las direcciones, de las dependencias y adscripciones, lo que administrativamente, en Desarrollo Organizacional, se antoja como una reingeniería que va más allá del solo aspecto y la remodelación de las instalaciones. Eso está bien, era necesario aun cuando implique, como es natural, resistencia al cambio de parte de algunos actores afectados en sus procederes acostumbrados o incluso confusión de parte de la ciudadanía que, en la transición, de pronto se encuentra con una sensación de vulnerabilidad al no saber a qué funcionario, ventanilla o puerta asomarse para exponer sus requerimientos.

Entre las cosas que falta hacer en materia de seguridad es la pertinaz penetración, incluso con personal de inteligencia municipal, en aquellas colonias, fraccionamientos, barrios y pueblos donde la delincuencia se oculta.

No podemos olvidar que los delincuentes también son vecinos, pero con prácticas y tendencias opuestas al interés común. Muchos podemos tener sospechas de fulano o zutano, pero ya por miedo o prudencia o amistad no señalamos a presuntos culpables de ciertos crímenes, entrando así en un proteccionismo peligroso.

Pongo un caso muy sonado. A tiro por viaje, delincuentes asaltan a pasajeros del transporte público en la avenida San Agustín, a un costado del vaso regulador El Cristo. Por lo general proceden del mismo modo: ascienden como pasajeros comunes en la esquina de San Agustín y Avenida Gustavo Baz y, a la altura del colegio Juventud y la clínica La Joya (¡a qué estúpido oportunista se le ocurrió permitir hace años que se abriera una clínica al lado de un río tan insalubre como el río Hondo!; no tengo nada contra la clínica, solo contra su ubicación contradictoria de su objetivo social); a la altura de estos sitios, decía, rápidamente asaltan a los pasajeros para, cruzando el río, bajarse y darse a la fuga adentrándose en la colonia 5 de abril. La policía conoce este procedimiento, pero es fecha que no ha efectuado ningún operativo relevante al interior de esa colonia, como tampoco en otros puntos donde suceden casos semejantes. Es triste, pero los mismos habitantes de esas colonias y con quien Indicios Metropolitanos ha llegado a charlar en diversas ocasiones, ya tienen identificadas sus comunidades como una "tierra de nadie", "nido de ratas" donde quien no es oriundo del lugar es víctima potencial o "cliente" de asaltantes, narcomenudistas y demás fauna nociva.

(Fuente: comunicado de prensa.)

Llega la transparencia al Estado de México con forma de Ley

• El nuevo ordenamiento ubica a la entidad a la vanguardia en esta materia, coincidieron legisladores del PRI, PRD, PAN, Morena, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza.

• Armoniza la legislación local con lo que establece la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

¡AL FIN!, resultado de un trabajo de análisis amplio, intenso y plural, la 59 Legislatura mexiquense aprobó, por unanimidad, la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que, de acuerdo con diputados del PRI, PRD, PAN, Morena, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Nueva Alianza, ubica a la entidad a la vanguardia en esta materia e implica un avance histórico hacia el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la rendición de cuentas.

El Estado de México fue de los primeros estados de la República en expedir una Ley de Transparencia como se observa en el antecedente de la Ley de Transparencia expedida y ¿olvidada? durante el gobierno de Arturo Montiel, por la 55a. Legislatura, el 27 de noviembre de 2003 y que, en la práctica, resultó letra muerta hasta la fecha, pues en realidad la ley no obliga, sino deja, por ejemplo, como un asunto opcional de los funcionarios públicos hacer pública o no su información patrimonial. De aquí que la iniciativa ciudadana del #3DE3, para el Estado de México, careciera durante las pasadas elecciones de un peso específico para orientar a los electores y, tras los comicios, para satisfacer la demanda de transparencia de la ciudadanía en su conjunto. Faltará ver la manera como se crucen las disposiciones sobre transparencia con la Ley Anticorrupción que viene trabajándose en el congreso federal.

El dictamen integra las iniciativas de los diputados María Fernanda Rivera Sánchez (PAN) y Víctor Manuel Bautista López (PRD), en nombre de sus respectivos grupos parlamentarios, así como la propuesta del gobernador Eruviel Ávila Villegas, enriquecido también con planteamientos de los grupos parlamentarios, además de la sociedad civil, especialistas y académicos, órganos garantes, legisladores y autoridades expresados en los foros “Retos y Perspectivas de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública en el Estado de México y sus Municipios”. 

Establece, entre otros aspectos, que el organismo garante se sumará a la articulación de esfuerzos para la construcción de un Sistema Nacional de Transparencia, se integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, así como los ayuntamientos, en la obligación de transparentar su quehacer cotidiano de manera más amplia y precisa, además de que se incorporan como sujetos obligados los partidos políticos, sindicatos, universidades, fideicomisos y toda aquella persona física o jurídica que reciba recursos públicos.

De igual forma, procura la reducción de plazos y tiempos de respuesta a los ciudadanos ante cualquier solicitud de información y se establece el Servicio Profesional de Carrera en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Ante los supuestos de inexistencia de la información, si se parte de las responsabilidades de los sujetos obligados, estos tendrán que generarla para que se pueda contar con ella en adelante, y para la clasificación de la información se procura que la información reservada sea la excepción y no la regla, para garantizar que solo sea procedente clasificarla en concordancia con la Ley General de la materia. Este punto es quizá de los más relevantes y delicados pues podría significar la posibilidad de develar, por ejemplo, los estatus actualizados de carpetas de investigación en torno a funcionarios públicos denunciados como presuntos culpables de delitos contrarios a la función pública, como es el caso de la demanda penal en contra de la exalcalde Azucena Olivares y que he comentado en estos Indicios Metropolitanos.

Por otro lado, ante supuestos de violación a los derechos humanos, será improcedente la clasificación de información reservada, se establece como prioridad para el órgano garante la implementación del programa de la cultura de transparencia, así como mecanismos para promover el gobierno abierto.

Al presentar el dictamen, la diputada María Fernanda Rivera, presidenta de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, indicó que se concluye un trabajo amplio e intenso que inició en diciembre del año pasado con la presentación de las iniciativas para alcanzar una ley de avanzada que responde a los anhelos e intereses de los mexiquenses.

Subrayó que “tenemos el reto de avanzar hacia la cultura del Parlamento Abierto y la promoción de un Congreso más cercano y sensible”, por lo que invitó a sus compañeros legisladores a construir un modelo ejemplar.

Por su parte, la diputada Leticia Mejía García (PRI) destacó el esfuerzo, disposición y aportaciones de los diputados en un marco de respeto, diálogo abierto, crítica constructiva y ánimo de consenso, que permitieron establecer bases y procedimientos para que la transparencia sea una realidad, mediante novedosas disposiciones que colocan al Estado de México en una posición de vanguardia y con un basamento jurídico sólido.

En tanto, el diputado Javier Salinas Narváez (PRD) señaló la trascendencia histórica de este ordenamiento, al cual se refirió como un paso gigante en nuestra democracia, “porque se logra consolidar una reforma de gran calado, que permitirá un mejor sistema de transparencia”.

Resaltó también que se otorga autonomía plena y se fortalecen las facultades del Infoem, amplía la gama de sujetos obligados, simplifica, afina y precisa los procedimientos de solicitudes de información, amplía el contenido y la información que deberá ser publicada en los portales de transparencia, establece la obligación de los sujetos obligados de documentar todas sus actividades y fomenta una política de información pública proactiva.

En su oportunidad, la diputada Nelyda Mociños Jiménez (PAN) enfatizó que se fortalece a la democracia, y que su Grupo Parlamentario, así como el del PRD y el Ejecutivo estatal, compartieron la visión de impulsar el acceso a la información pública como elemento para el funcionamiento de las instituciones y de eliminación de la corrupción, pero que se debe seguir trabajando en materia de protección de datos personales.

Cabe señalar que queda pendiente de estudio y dictamen la parte correspondiente a la propuesta para adicionar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, contenida en la iniciativa del diputado Víctor Manuel Bautista.

Previamente, en la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, el diputado Anuar Roberto Azar Figueroa (PAN) resaltó que “se da un paso trascendental” y de vital importancia para iniciar una recomposición del desgaste que ha generado el trabajo de los políticos, y particularmente destacó la apertura para transparentar temas de las cuentas públicas estatal y municipal, la deuda del estado y los municipios y sobretodo el cumplimiento de metas que se fijan los gobernantes para que los ciudadanos puedan hacer un escrutinio real.

Por su parte, la diputada Mirian Sánchez Monsalvo (Morena) dijo que “dejamos de lado los intereses partidistas para dar paso a la armonización de una nueva ley” que permitirá, entre otras cosas, recuperar la confianza de la ciudadanía, pero que hay que seguir avanzando para combatir la corrupción y la opacidad.

En su momento, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, diputado Jacobo David Cheja Alfaro, señaló que se trata de una legislación de contenido democrático, que garantiza el derecho de acceso a la información pública conforme a los más altos estándares en la materia, mientras que el coordinador de Encuentro Social, Mario Salcedo González, dijo que el mayor impacto consiste en el cambio cultural en la gestión administrativa, que fortalecerá la confianza de las instituciones mediante la aprobación masiva de acceso a la información.

El diputado Tassio Ramírez Hernández (Verde Ecologista) subrayó que la transparencia es fundamental para que recuperar la confianza ciudadana, por lo que reconoció al gobernador Eruviel Ávila Villegas porque ha sido sello de su administración, en tanto el coordinador parlamentario de Nueva Alianza, diputado Aquiles Cortés López, reconoció el consenso y trabajo de sus compañeros, pero “no hay leyes acabadas”, por lo que hay que seguir explorando nuevas rutas, toda vez que “no basta con la elaboración e instrumentación de leyes; hay necesidad de cambio de actitud, de que entendamos que la democracia, la equidad e igualdad no solamente son conceptos, sino que tienen que convertirse en verdaderas formas de vida”.

(Fuente: comunicado de prensa)