En el fondo de esta resolución parecería estar escuchando yo al Director de Servicios Públicos cuando, en reunión con personal del INBA para tratar el tema de la iluminación del monumento emblemático Torres de Satélite, preguntara a los presentes en la junta, al saber que el proyecto de iluminación propuesto por el Arq. Gustavo Avilés y autorizado por el INBA tendría un costo de 1.5 millones de pesos: “¡Y quién va a pagar no solo la instalación y el mantenimiento, sino el consumo eléctrico?”. Pregunta a la que de inmediato, en la cabeza de todos, se dio la respuesta: el municipio. ¿Con qué ojos cuando está arañando el presupuesto heredado y medio parchado ahora? ¡Fácil! Vía la recaudación tributaria.

El cabildo dio su anuencia al gobierno municipal para realizar la solicitud formal a la Legislatura mexiquense y que dicha concesión sea por un periodo de quince años.

La Primera Síndico argumentó en la proposición que el municipio tiene más de 55 mil puntos de luz, de diversas tecnologías, soportes y distancias, sin que hasta ahora se haya emprendido un proceso de modernización que se traduzca en la disminución de un elevado costo a la gerencia, a la vez de optimizar recursos tanto materiales como económicos.

Por otra parte, reconoció que la carencia y/o deficiencia del alumbrado público puede ser señalado como uno de los múltiples factores que pueden incidir negativamente en la seguridad, el índice delictivo, contaminación del medio ambiente y otros.

Puntualizó que ante las circunstancias que se tienen, es viable el proyecto de prestación de servicios relativos al suministro, instalación, operación, mantenimiento, sustitución y reposición de luminarias y bases perimetrales de alumbrado público, en el que el proveedor, entre otros, será el responsable de la inversión y el financiamiento que sea necesario, recibiendo el municipio la garantía real de pago correspondiente.

De acuerdo con el planteamiento presentado, el gobierno obtendría importantes ahorros debido a que podría así reducirse de manera garantizada, al menos de la mitad de la facturación de alumbrado público, en tanto que no se ejercerían recursos adicionales destinados a este servicio, pues la prestación por parte del proveedor se pagaría con los ahorros en los pagos de la Comisión Federal de Electricidad.

La medida no dejó de tener reacciones, como siempre, unas a favor y otras en contra.

Destaca entre ellas la expuesta por la asociación civil Contraloría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia, la cual de inmediato redactó un oficio, del cual Indicios Metropolitanos tiene copia, dirigido al diputado Tassio Benjamín Ramírez Hernández, presidente de la Comisión Legislativa de Legislación y Administración Municipal, en el congreso del Estado de México, y a quien también dirigiría su petición el cabildo naucalpense.

En dicha carta, que puede leerse íntegra más abajo, la citada Contraloría descalifica los argumentos de la Primera Síndico por considerarlos carentes de sustento técnico y científico, además de no presentar la información pertinente que permita conocer a cabalidad la situación real y actual del alumbrado público en Naucalpan.

La petición, cualquiera de las dos, así la del cabildo como la de la Contraloría no dejan de ser de particular importancia, porque nos colocan frente a un tema poco tratado, aunque muy discutido, pletórico de mitos, suspicacias, y motivos para prohijar conductas propias de la corrupción. Y, aunque fundadas en parte, aquí solo quiero hacer las siguientes observaciones.

Para cumplir con las expectativas y abordar los retos de tener el control nacional de la energía eléctrica como recurso básico, renovable y para el futuro del desarrollo de México, esta empresa paraestatal tenía que dar pasos con pie de plomo, especialmente al momento de hacerse cargo de lo dejado por la Cía. LyF del Centro (WIKIPEDIA, Colaboradores de, 2017).

Durante varios meses, a mediados de 2011, la CFE tomó a mi fraccionamiento La Florida, entre otros de la zona centro, así en el Estado de México como en Querétaro, y la Ciudad de México, como parte de un plan piloto para determinar el estado de la infraestructura eléctrica dejada por la Cía. de LyF del Centro. El resultado fue que la mayor parte del cableado y los equipamientos databan de los años 1959 y posteriores, coincidiendo con la nacionalización de la empresa por decreto del presidente Adolfo López Mateos y la creación de desarrollos urbanos como Ciudad Satélite.

En su momento, el autor de estos Indicios Metropolitanos pudo atestiguar las marcas en varios de los equipos. CFE comenzó entonces a usar estas "colonias piloto" para establecer un programa y proyecto de modernización a un plazo mínimo de 10 años, abarcando distintas regiones del centro.

Para facilitar el trabajo, la compañía organizó el trabajo mediante la conformación de cuadrillas especializadas a las que enviaba a recorrer las comunidades para hacer un levantamiento de las condiciones de la infraestructura. En el proceso, algunas de esas cuadrillas de "empleados" comandados por un “sargento” acordaban con pobladores el alquiler de alguna cochera o bodega para resguardo de equipos y desde ahí desplazarse para hacer el inventario y reequipamiento. Indicios Metropolitanos fue uno de tantos que alquilaron sus cocheras por 3 meses, tiempo en que dichas cuadrillas cambiaron postes, cableado, transformadores, etcétera.

Entre las primeras cosas que sucedieron tras que la CFE tomó control de la distribución de la energía eléctrica en el centro, como recordarás, amable lector, fue una andanada de quejas de los usuarios por causa de los montos, a veces excesivos, que debían pagar.

Fuera por fallas administrativas de la anterior empresa, del sindicato, corrupción o cualquiera otro motivo, la CFE, en ese plan, contemplaba ya la participación de la iniciativa privada para el reequipamiento (no solo mantenimiento) de la infraestructura eléctrica, comenzando con los cambios de medidores y líneas de tensión. Así que, el hecho de que ahora el gobierno municipal de Naucalpan haga esa votación en cabildo no va tan descaminada respecto de lo planeado por CFE y en concordancia con la idea de redistribuir los costos y los ingresos por concepto del impuesto DAP (Derechos de Alumbrado Público) para un mayor "beneficio" de los municipios y no solo de CFE.

Desafortunadamente, mientras los gobiernos estatal y municipales no se coordinen con CFE, seguiremos estando los ciudadanos en la oscuridad de muchas cosas, no solo en nuestras calles, pues incluso este tema ha servido para jalones electoreros desde el momento de que ya el gobierno estatal, ya el municipal, ya el federal vía CFE han hecho el servicio público de reparar, medio reparar, reponer, reinstalar o instalar equipos comprados con dinero del erario, pero al “ahí se va” conforme al mejor postor o el que indique el compadre. Si aquí puso luces el PRI estatal, allá pone otras distintas el PAN municipal o quien sea. Entonces tampoco se establece una unidad eléctrica, de iluminación, y por lo tanto de prevención y transparencia.

Así, mientras algunas comunidades continúan con luminarias del caldo, con gran consumo de watts, en otras se contentan con leds de mala calidad que, a la primera de cambios, se descomponen y hay que cambiarlos por… lo que caiga. Eso, sin mencionar el insistente mal hábito —que los abusivos justifican con la “necesidad”— de los famosos diablitos, que, ampliando la maraña de cables aquí y allá, “a todas luces” significan un robo, no a la CFE, sino a todos los vecinos de la zona que terminan pagando ese “aviador eléctrico o iluminado”, algunas veces un vendedor ambulante con todos sus permisos “en orden”. Hay postes y tomas de luz que al menor testereo del viento provocan riesgos que no siempre miden los encargados de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Civil, celosos de no rebasar las fronteras de sus atribuciones; o que apenas los alcanza un charco, hacen agua.

Las podas de árboles es otro tema relacionado que muestra la falta de coordinación entre dependencias. CFE, como antes LyF, se preocupa por los cables y poda en función de su interés. Servicios Públicos hace lo propio, Medio Ambiente, no se diga. El caso es que, al final, los pobres árboles, jóvenes o viejos, acaban convertidos en adefesios, siendo un riesgo para la población por causa de podas indiscriminadas y estúpidas que, en vez de resolver un problema, generan otros.

Esta reciente decisión del cabildo naucalpense es congruente con la idea detrás, también, de una anterior y con la que, sin duda, guarda relación para efectos del Plan de Desarrollo Urbano Municipal. Me refiero a la decisión, días antes, de reabrir el relleno sanitario de Tepatlaxco (JIMÉNEZ Jacinto, 2017).

Indicios Metropolitanos ha conversado en diversas ocasiones con los recolectores de basura, así los de las unidades alquiladas a la iniciativa privada a consecuencia de la “diferencia de intereses” entre el gobierno municipal y el sindicato SUTEyM a comienzos de la administración, como también de los sindicalizados. Ambos grupos coinciden en señalar que uno de los factores que ha vuelto del tema de la basura un verdadero problema no es solo el obvio de su cúmulo, sino el aparejado con los costos de traslado, recolección y reciclamiento.

Aquí, en estos Indicios Metropolitanos, señalé tiempo atrás la importancia de mirar este asunto como uno toral para la economía del municipio. Este tópico, así como la reconversión de los ríos que cruzan Naucalpan —plan ya anunciado por Edgar Olvera durante la inauguración del Paseo Jerusalem—, para que lleven en su cauce agua tratada y no aguas negras, son fundamentales para todos, en más de un sentido, pues de esa manera el propio municipio podría contar, de la mano de la iniciativa privada, con las fuentes de generación de recursos: electricidad, recaudación, para de veras aspirar a una mejoría general.

Pero, tiene razón la Contraloría cuando señala que, mientras no haya claro y transparente orden en lo que tenemos y cómo lo usamos los ciudadanos y los gobiernos, cualquier decisión sobre esto será por lo menos sospechosa.