Antes que política, administración

"EN MI GESTIÓN, antes que hacer política, se hace administración", dijo el alcalde Edgar Olvera Higuera, alcalde de Naucalpan, con motivo de la entrega de vehículos policiales, afirmando con orgullo que su gobierno ha hecho una gestión financiera y administrativa libre de diezmos.

Las nuevas unidades, muchas de ellas adquiridas mediante el esquema de alquiler (igual que se hizo con las unidades de recolección de basura al comienzo de 2016) implican, es cierto, una nueva manera de allegarse los recursos necesarios para que el ayuntamiento pueda cumplir a cabalidad, o por lo menos en parte y mejor que antes, sus funciones públicas en la prevención del delito y la seguridad de la ciudadanía y sus bienes. Una manera que se espera también incida en un mejor mantenimiento de las unidades y una mejor calidad en las condiciones laborales de los oficiales de policía.

Las herramientas están dadas, por lo pronto, para la movilidad. Falta escalar el potencial del equipamiento y armamento de la policía municipal. Observó Olvera:
En casi 2 mil 450 municipios del país, es casi imposible que un gobierno municipal pueda entregar una patrulla con recursos propios. Ya se volvió costumbre que, si la federación no baja los recursos, o no baja el dinero del estado, los gobiernos municipales no pueden hacer algún tipo de operación o apoyo, por lo que en Naucalpan hemos hecho un plan financiero para poder dar respuesta al tema de la seguridad.


Expide Cámara de Diputados Código de Ética

CON 318 VOTOS A FAVOR, 26 en contra y 35 abstenciones, en lo general y en lo particular de los artículos no reservados quedó aprobado el proyecto de decreto que adiciona una fracción XX al artículo 8 del Reglamento de la Cámara de Diputados y se expidió de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Falta ver si en el Senado se promulga la réplica respectiva.

Con este decreto, como expusieron algunos de ellos en sus alocuciones previas a la votación, la 58a. Legislatura de México pretende dar un vuelco cultural a las prácticas de los representantes populares en sus funciones como diputados y, así, establecer cotas de comportamiento acordes con las necesidades de los tiempos y más aún con las exigencias del pueblo mexicano.

El decreto cobra forma días luego del escándalo ocasionado por la filtración del padrón electoral en un reservorio de la empresa Amazon, y tras saberse que el causante de dicha "filtración" fue el partido Movimiento Ciudadano. El hecho, aparentemente inconexo, cobra mayor relevancia de contraste a la luz de este decreto cuando atendemos a las palabras de la postura de la diputada Verónica Delgadillo García de esa fracción en el congreso para quien "el Código de Ética brinda a las diputadas y a los diputados la oportunidad de hacer pública las declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés". En tal sentido, y refiriéndose a la percepción de la ciudadanía sobre el Congreso y su rechazo a la corrupción, planteó además establecer la obligación de hacer pública la declaración 3 de 3. La aparente incongruencia entre el hecho escandaloso y la propuesta de la diputada ¿pudo ser causa de que no fueran admitidas sus reservas? En algo acompaño a la diputada y es cuando afirma sobre el código de ética: "este podría ser un buen ejercicio para dignificar la política para recobrar la confianza de los ciudadanos". Pero espero también, como muchos ciudadanos, que más que simplemente un ejercicio se vuelva una práctica constante como forma de autorregulación, que no de autocensura o parapeto de conductas favorecedoras de la impunidad.


Del cruce de este Código de Ética, la Ley de Transparencia y la Ley Anticorrupción, los diputados estiman estar sentando las bases para convertir la percepción ciudadana respecto de sus representantes populares, las instituciones políticas y los partidos y los mismos políticos en una más favorable para la imagen total del Congreso y la política mexicana. Y es probable que tal pueda darse, pero no será de la noche a la mañana. El movimiento, no lo olvidemos, se demuestra andando. Y no será con un decálogo de buenas intenciones como se maquillarán los procederes oportunistas y corruptos de más de un actor político. Pues un código de ética no solo ha de mirar hacia el interior de la organización o institución a la que sustenta, sino que, aplicando una visión sistémica, ha de responder a los flujos de comunicación que ligan a dicha organización o institución con los otros sistemas que hacen posible su existencia, su actividad y su devenir. Normas clásicas y universales como "no matarás" no fijan una obligación hacia quien es el llamado a no cometer el delito, sino a comprender que, cometiéndolo, todavía más que afectar al origen de la norma afecta directa o indirectamente al objetivo de la norma y que radica en el interés del otro, en este caso el derecho a la vida de otro ser humano.

En palabras de la diputada priyista Carolina Monroy:
La corrupción no solo tiene que ver con el ejercicio indebido de los recursos públicos. La corrupción es sinónimo de degradación, de descomposición en el ejercicio o cargo con el que los ciudadanos nos honraron y que nosotros protestamos honrar. Un código de ética como el que hoy aprobaremos es sin duda un paso adelante, aunque insuficiente. [...] Donde hay transparencia, honradez y decencia, no se incuba la corrupción que ofende e indigna a la sociedad y que mucho a contribuido a descomponer nuestro tejido social.



Insuficiente, sí, porque requiere además ir de la mano de otras reformas tendientes a desarmar el andamiaje que hasta ahora ha permitido que, bajo la protección del fuero, los funcionarios públicos y particularmente gobernantes, diputados y senadores evadan la acción de la justicia y las sanciones correspondientes por actos de corrupción. El fuero es necesario, sin duda, pero es momento de acotarlo porque, o todos coludos o todos rabones también en este tema.

Estamos viviendo interesantes tiempos de transición en muchos ámbitos de nuestra vida política y social. Esperemos que lleven buen rumbo y mejores vientos. Por lo pronto, de forma simultánea que cuando este código se aprobaba, la escritora y académica Denisse Dresser emitió una solicitud mediante el portal Change.org para pedir al congreso un periodo extraordinario en el cual se discuta y vote la iniciativa ciudadana de la Ley #3DE3 complementaria del heptálogo que conforma el "Sistema Nacional Anticorrupción" compuesto por las leyes:
  1. Ley General de Responsabilidades Administrativas (Ley #3DE3).
  2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
  3. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa.
  4. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
  5. Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
  6. Adecuaciones al Código Penal.
  7. Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

No obstante, dicho periodo extraordinario no ha de suceder, aun cuando lo dicho por el presidente de la Cámara de Diputados, el perredista Jesús Zambrano Grijalva considerara en su resumen de clausura del segundo periodo ordinario legislativo:
Los integrantes de este cuerpo legislativo, al igual que los otros poderes de la Unión, nos encontramos ciertamente en medio de un escenario nacional complicado en la economía y severos problemas de seguridad. Los retos que tenemos por delante son mayúsculos y las crecientes demandas ciudadanas entendibles. Sin embargo, a partir de un intenso ejercicio democrático de intercambio de conceptos e ideas políticas hemos logrado avances significativos en nuestra responsabilidad de hacer y reformar leyes, para tomar acuerdos importantes en beneficio de la sociedad, en medio de nuestra diversidad y pluralidad política. 
[...] Está desde luego, en la preocupación del Congreso, contribuir para mejorar la seguridad de la sociedad, sus bienes y seguir avanzando en temas sensibles como el combate a la corrupción. Espero, confío, deseo que en breve contemos con las piezas legislativas que reclama la sociedad al respecto [...] Quedan muchos pendientes.



Seguridad en transporte público naucalpense

 EN NAUCALPAN ya hace tiempo que vienen efectuándose operativos de cateo y seguridad para prevenir los asaltos a pasajeros de transporte público. Estas medidas muchos podemos verlas como un buen recurso y no negamos que ha dado frutos; sin embargo, y más allá de la sola percepción de la ciudadanía, los esfuerzos y estrategias siguen siendo ineficientes por más de una razón de orden, sobre todo, relacionado con la procuración de la justicia y fallas que pasan por la casi nula denuncia de parte de los individuos afectados o la conformación equívoca y fallida de carpetas de investigación, algunas de las cuales incluso terminan durmiendo el sueño de los justos sin que se les de el adecuado seguimiento.

En fechas recientes tras el reforzamiento de las acciones para inhibir el robo a transporte público en Naucalpan, elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito, detuvieron a cuatro presuntos asaltantes, entre ellos un menor de edad, cuando se aplicaba el programa  “Pasajero Seguro” en  Avenida Lomas Verdes, informó El Comisario Arturo Rodríguez García, quien explicó que los usuarios de una unidad de transporte solicitaron apoyo a los policías  que se encontraban sobre Avenida Lomas Verdes,  toda vez que cuatro personas los habían despojado de sus pertenencias.

Los policías municipales iniciaron una persecución a pie por tierra y con varias patrullas,  logrando la detención de los cuatro presuntos responsables del robo a los usuarios del transporte público, y a quienes al realizarles una revisión de seguridad se les encontró: un arma de fuego con la que se presume amagaron a los usuarios, teléfonos celulares, carteras e identificaciones oficiales, objetos que las personas identificaron como sus pertenencias.

Los detenidos fueron identificados como  José Eduardo  N. de 19 años, Jorge N. de 23 años, José Luis de 35 años y el menor Roberto N de 17 años de edad,  quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público donde se  inició  la carpeta  de investigación  483350830156816   por el delito de robo con violencia.

Arturo Rodríguez García,  mencionó que gracias al despliegue que se implementa en el municipio para disminuir este tipo delito, se logró la detención, ya que las revisiones son aleatorias y sorpresivas.

Desafortunadamente, aun con logros semejantes, la ineficacia de estas medidas no radica tanto en el desempeño de los elementos policiales, los que pueden estar poniendo todo de su parte para el bienestar de la sociedad, sino en el entramado legal. Mientras la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito no se coordine internamente con los Ministerios Públicos y la Dirección Jurídica, los objetivos que pueden ser comunes en la administración y procuración de la justicia seguirá siendo la asignatura pendiente.

Actualmente el gobierno de Naucalpan se encuentra haciendo una reestructuración interna, una reorganización de las direcciones, de las dependencias y adscripciones, lo que administrativamente, en Desarrollo Organizacional, se antoja como una reingeniería que va más allá del solo aspecto y la remodelación de las instalaciones. Eso está bien, era necesario aun cuando implique, como es natural, resistencia al cambio de parte de algunos actores afectados en sus procederes acostumbrados o incluso confusión de parte de la ciudadanía que, en la transición, de pronto se encuentra con una sensación de vulnerabilidad al no saber a qué funcionario, ventanilla o puerta asomarse para exponer sus requerimientos.

Entre las cosas que falta hacer en materia de seguridad es la pertinaz penetración, incluso con personal de inteligencia municipal, en aquellas colonias, fraccionamientos, barrios y pueblos donde la delincuencia se oculta.

No podemos olvidar que los delincuentes también son vecinos, pero con prácticas y tendencias opuestas al interés común. Muchos podemos tener sospechas de fulano o zutano, pero ya por miedo o prudencia o amistad no señalamos a presuntos culpables de ciertos crímenes, entrando así en un proteccionismo peligroso.

Pongo un caso muy sonado. A tiro por viaje, delincuentes asaltan a pasajeros del transporte público en la avenida San Agustín, a un costado del vaso regulador El Cristo. Por lo general proceden del mismo modo: ascienden como pasajeros comunes en la esquina de San Agustín y Avenida Gustavo Baz y, a la altura del colegio Juventud y la clínica La Joya (¡a qué estúpido oportunista se le ocurrió permitir hace años que se abriera una clínica al lado de un río tan insalubre como el río Hondo!; no tengo nada contra la clínica, solo contra su ubicación contradictoria de su objetivo social); a la altura de estos sitios, decía, rápidamente asaltan a los pasajeros para, cruzando el río, bajarse y darse a la fuga adentrándose en la colonia 5 de abril. La policía conoce este procedimiento, pero es fecha que no ha efectuado ningún operativo relevante al interior de esa colonia, como tampoco en otros puntos donde suceden casos semejantes. Es triste, pero los mismos habitantes de esas colonias y con quien Indicios Metropolitanos ha llegado a charlar en diversas ocasiones, ya tienen identificadas sus comunidades como una "tierra de nadie", "nido de ratas" donde quien no es oriundo del lugar es víctima potencial o "cliente" de asaltantes, narcomenudistas y demás fauna nociva.

(Fuente: comunicado de prensa.)