En la proposición, destacan y sin ningún tipo de estudios de factibilidad, dictámenes de las áreas correspondientes, el análisis en comisiones edilicias, el pago de derechos de uso y ocupación en la vía pública, de espacios de estacionamiento mediante relojes checadores, tarjetas o cualquier otro sistema.

El ordenamiento por aprobar enfatiza que el Municipio obtendrá el equivalente al 40 por ciento del dinero que se recaudare, sin contemplar costo alguno a su cargo por la fabricación, instalación, mantenimiento y operación de los aparatos parquímetros.

Cabe mencionar que la vigencia de dichos instrumentos concluyó el 31 de diciembre del 2015 con una serie de conflictos, falta de transparencia y hasta adeudos de la empresa operadora.

El ayuntamiento pasado esperaba captar un Millón 200 mil pesos al mes por la reactivación de las alcancías, al cobrar el estacionamiento de cerca de mil 500 espacios en zonas comerciales y públicas en Satélite, Tecamachalco, La Florida, Naucalli y Palacio Municipal, tras siete meses de litigio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TRICA) en los últimos 5 meses de gobierno.

Ya que el tema original de esta solicitud era y es conocer el monto, destino y distribución de lo recaudado por concepto de parquímetros en la administración anterior y actual en Naucalpan de Juárez, de forma concreta en comunidades como el fraccionamiento La Florida y Ciudad Satélite, o al menos la primera de ellas, la respuesta [dada por transparencia] abre un amplio abanico de incertidumbre que, más que transparentar, hace translúcida la administración pública e invita a solicitar una franca auditoría […] insistir en la solicitud en los términos efectuados hasta el momento se revela inútil y redundante, pues lo más seguro es que la administración actual de Edgar Olvera Higuera esté en las mismas condiciones de imposibilidad en caso de solicitarse la misma información para el ejercicio corriente; por lo tanto el trasfondo de las respuestas demuestra condiciones realmente contrarias a los principios de transparencia establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información […Qué] recurso tenemos tanto gobierno como ciudadanía para incidir de forma directa en que Cabildo y/o Contraloría y/o Congreso estatal y o Tribunal de lo Contencioso Administrativo fuercen en el corto plazo la auditoría pertinente, las modificaciones de ley y procedimientos para mejorar y ampliar este evidente vacío por cuya causa se pueden, si no se han prestado ya, ocasiones para justificar desvíos de recursos, peculados, fraudes de los que luego no queda rastro por  causa de la misma conformación del código contable, como han sido los casos de los exalcaldes David Sánchez Guevara y Azucena Olivares. Es decir, ¿hasta qué punto el esquema contable instituido por la ley estatal promueve si no prohíja pretextos burocráticos, resquicios administrativos por los que puede fugarse no solo parte del erario sino las razones mismas en que descansan la negligencia y la corrupción?