El Derecho y Yo

marzo 03, 2017 Santoñito Anacoreta 0 Comments

Hace poco charlaba con algunos conocidos y entre los temas salieron a relucir algunas situaciones comunes que de un modo u otro se relacionaban con la aplicación del Derecho y la forma como cada cual entiende sin comprender de manera suficiente, lo que el mismo derecho es, hace y su utilidad diaria.

Me acordé de pronto de mí y mi paso por la preparatoria. Anécdota: en tercero de prepa, como todos, llevaba la materia de Derecho como parte del tronco común de las áreas (yo estaba en Área I Físicomatemática). Al profesor lo conocía desde la secundaria, donde fue subdirector. La materia siempre me resultó un azogue, que no bodrio, y le perdí interés cuando se abordaron los temas relativos al matrimonio, divorcio y familia (por entonces mi familia estaba ya francamente desintegrada). Así, para el examen semestral estudié con bastante pereza, aun cuando mi promedio era aprobatorio. Menosprecié la materia y pretendí estudiar de un día al otro la mitad del libro. Y, sí, leí casi completo lo determinado.

Todas las mañanas me trasladaba a la escuela en el auto de la subdirectora que era madre de mis amigos y condiscípulos, vecinos míos además. Uno de ellos se burló de mi atrevimiento y todavía dije que las "40 paginitas" restantes las leería en el camino.

Sobra decir que fue una de mis más atronadoras reprobaciones en mi historia estudiantil (y no fueron muchas, por eso resonó tanto). Al punto que hube de irme a extraordinario. Desde entonces respeto mucho a la materia y, sin ser aficionado, he procurado comprender bien todo lo relacionado al derecho.

Veo con tristeza que muchos ciudadanos, incluso abogados, no aprendieron la lección y siguen creyendo que mor est lex (la costumbre hace ley) equivale a decir "hágase justicia al gusto acostumbrado" o “como todos lo hacen, es permitido”. Con gente así, a veces ni capacitándola se puede argumentar. De ahí que, cuando examinamos con lupa los varios problemas que aquejan a México caemos en cuenta que, como he señalado más de una vez, el problema central del país somos nosotros mismos, los mexicanos. Porque no hemos aprendido bien qué es la ley y sus características de generalidad, obligatoriedad y permanencia, y que, aun cuando está sujeta a interpretación, ello no supone ajustarla al capricho de un individuo o grupo específicos, la comodidad conveniente, o la oportunidad circunstancial. Asimismo, que toda forma de actuar al margen de la ley, en la creencia de estar haciendo justicia, constituye una falta o hasta un delito que requiere la sanción respectiva y proporcional.

Santo Tomás de Aquino nos dio una sencilla, empero brillante, definición de ley: “Regla, precepto o mandato que descansa en la razón y según el cual algo es inducido a obrar. La promulga o impone quien tiene a su cuidado al grupo o comunidad”, por lo tanto aquel individuo o grupo que identificamos como autoridad.

De unos años para acá el reclamo ciudadano a nuestros gobiernos ha ido en aumento de intensidad, en amplitud de preocupación alrededor de varios temas más o menos relacionados: la seguridad, la salud, la economía y un larguísimo etcétera. Pero, ¿cuántas veces nos hemos detenido en las mismas manifestaciones, marchas y protestas a reflexionar la parte de culpa que, como ciudadanos, tenemos en la descomposición del tejido social?

Sí, quizá más frecuentemente de lo deseable esas autoridades y esos representantes sociales han incurrido en fallos, omisiones, carencias, deficiencias de carácter, conocimiento, actitud o decisión ocasionando que, en realidad o en apariencia, las cosas no se ajusten a nuestras necesidades o incluso a nuestras expectativas como sociedad, pero ¿qué hacemos nosotros para equilibrar las cosas desde nuestro más humildes ámbitos personal y familiar?

Es muy cómodo y hasta muy nice acudir a las convocatorias en plazas y calles para clamar justicia por tal o cual causa que consideramos noble o resultado del atropello de autoridades, funcionarios de gobierno o la delincuencia organizada o no.

Nos regodeamos así vilipendiando a policías, a militares, a jueces, ministerios públicos, pero ¿y quién reclama por nuestras faltas, quién se atreve a perdernos el miedo y obligarnos a cumplir con la norma so pena de incurrir en actos de fuerza que nosotros, con actitud de mártires y víctimas, inocentes palomas y corderos, reviramos alegando ¡represión!

Nos quejamos de que las denuncias no prosperen y la impunidad sea el sello de garantía puesto detrás de oficios, expedientes, investigaciones, hechas o no de manera deficiente, amañada, perversa o corrupta. Y enseguida justificamos, en la desesperación y la impotencia, hacer justicia por propia mano o acomodar la norma a nuestros leales saber y entender, como ese estudiante de las “40 paginitas” que creyó tener el derecho a su antojo.

La realidad es muy distinta de la ficción, cierto, pero también la ficción es muy distinta de las flasedades, mentiras, tergiversaciones acomodaticias que nosotros, vulgares ciudadanos, con o sin conocimiento de la ley hacemos para acomodar los acontecimientos a nuestra conveniencia. Y cuando llega alguien a llamarnos la atención nos decimos sorprendidos, vejados, señalamos al acusador de metiche, oportunista, abusivo, acosador, como ha sucedido al controvertido clown de la democracia Arne aus den Ruthen, rey del pastelazo y el jitomatazo. Y sí, es verdad que en la forma de pedir está el dar, pero a veces nosotros, en tanto ciudadanos, estamos más malcriados para exigir que para aplicarnos en la obediencia.

La obediencia, también es cierto, no implica ceguera, como tampoco la disidencia supone la necedad de oponerse a algo sobre la base de prejuicios o ignorancia.

Miremos con preocupación a nuestro México y sigamos actuando en concordancia con lo que nos dicta la conciencia, pero tengamos cuidado de que esa conciencia, antes, mire hacia sí, reflexione y escombre lo que, en cada quien, haya por escombrar.

Sería absurdo imaginarnos a todos convertidos en abogados, así fuera del mismo Diablo, con un conocimiento amplio y suficiente de las leyes en todos sus órdenes y alcances. Pero no es absurdo solicitarse uno mismo, por y en estricto derecho, comprender qué significa ese estricto derecho que nos sienta las bases para ser, estar y convivir en paz con los otros.

Ejemplos: nos indignamos porque el bando municipal establece que es una falta de tránsito y movilidad estacionar los automóviles en batería, subidos a las banquetas, así se hallen acomodados sobre las rampas de acceso a nuestras cocheras, aun dejando un espacio prudente para el paso peatonal, pero continuamos apostando a poseer vehículos incrementando el parque de automóviles, incidiendo en otros efectos de orden ambiental y urbano. Nos preocupa y aqueja la ecología citadina, pero estamos dispuestos a pagar un “arreglo” para obtener una calcomanía de verificación, o dar una propina al agente de tránsito dispuesto o instruido para aceptarla, con tal de salirnos con la nuestra. En resumen, exigimos respeto, pero ¿estamos dispuestos de veras a pagar con la misma moneda sin miramientos?

Otro ejemplo, que implica un jalón de orejas lo mismo a ciudadanos COPACIs, Delegados y gobiernos y empresas e instituciones: dentro y alrededor del fraccionamiento que habito, La Florida, abundan, ya no digamos zonas de baches en las calles, sino agujeros de registro cuyas tapas han sido eliminadas o rotas, algunos sirven como habitáculos para vagabundos o malvivientes, pero en conjunto significan un gran riesgo para la seguridad y la integridad física de las personas que, peatones distraídos, han llegado a pueden llegar a sufrir accidentes. Pero, ¿quién reclama? Vecinos que los miran diario frente a sus domicilios o en las esquinas de sus calles los ven como parte de la vista “natural” del día a día. Autoridades que hacen caso omiso o de plano ignoran su existencia por atender asuntos más de escritorio que de recorrer el campo. Y nadie se hace responsable ni señala a quienes se debe, las empresas o instituciones o dependencias que hicieron el agujero de registro de origen: CFE, Telmex, OAPAS, para que den el mantenimiento y cuidado respectivo. Y gobiernos que, por no perder privilegios de asociación presupuestal, prefieren hacer como que la Virgen les habla sin obligar a actuar en estricto derecho. Pamboleros como somos, nos encanta pasarnos la bolita.

Por otra parte, también es cierto que todo lo relacionado con el Derecho no es inamovible, las sociedades evolucionan y ello se traduce en transformaciones en la manera como se ordenan los espacios, como se distribuyen los tiempos, las cargas de trabajo, los modos como convivimos y, en consecuencia, las normas legales que nos rigen han de estar en constante revisión, adecuación y actualización, tanto como nosotros en nuestra circunstancia particular.

Un último ejemplo sobre la anterior idea: la Ley de Imprenta en México data de 1917, ya cumplió junto con la Constitución su primer centenario, pero hay legisladores que, desconociendo el dato y el contenido de la ley, hoy propugnan por crear una ley para normar el derecho de réplica, como si no existiera, cuando en esa ley adelantada para su época ya se incluía el tema. Es decir, si en México los mismos legisladores reprueban la materia de derecho, ¡cómo no esperar que nos rija un sistema legislativo sobre regulado!, en el que muchas disposiciones resultan inútiles, inaplicables, fuera de vigencia, en extremos ambiciosas, turbias, pervertidas, torpes, de buena intención pero mal planteadas o pésimamente redactas, incomprensibles y, por lo mismo, sujetas a las más variopintas interpretaciones que, por lo general, derivan en el beneficio no de quien mejor comprende el espíritu de la ley sino de quien sabe aprovechar sus huecos, vicios, omisiones, estupideces.

Soy de la idea, en tanto comunicólogo, que los abogados ya deberían quitarse la toga, el birrete, la peluca de antaño, dejar de lado el secreter portátil del tinterillo, la actitud oficiosa del auditor, el oportunismo castrense y corrupto del aviador (en su sentido original de quien cobraba y gestionaba los avíos) y, más, que actualicen su jerga, el galimatías, las formas de expresión con que elaboran leyes, reglamentos, códigos, constituciones y demás formas documentales de toda norma, porque en el tufo todavía medieval o colonialista de muchos formulismos descansa la razón de lo corruptible.

Así como para quienes nos dedicamos a la comunicación, al periodismo, para los abogados, jueces, legisladores, el lenguaje es la herramienta básica para conseguir el entendimiento entre las partes de un litigio, pero parece que confundir es la consigna tras cada demanda, amparo, sentencia, contrato. Se va imponiendo, no me cabe duda, nuevas maneras de hacer que valga, desde la palabra misma, el derecho.