Y YO QUE NO TENGO Seguro Popular (necesito renovarlo) y actualmente no estoy cotizando en IMSS ni teniendo ingresos suficientes... Si me enfermo, ya me jodí. Eso concluyo al mirar la reciente nota acerca de lo que costará el IMSS a los no derechohabientes asegurados por la institución.

Como lo lees, estimado lector, cazador de indicios. Los primeros efectos "nocivos" de la austeridad republicana propugnada por el presidente Andrés Manuel López Obrador comienzan a sentirse por una indebida aplicación de la Ley de Salarios Máximos, ley sobre la que he escrito desde años atrás como una medida virtuosa para la redistribución del ingreso, no solo en el gobierno sino, siempre y cuando, se amplíe a la iniciativa privada también y sin que ello signifique ningún menoscabo a los intereses empresariales e industriales.

Véanse mis artículos:

Esta ley plantea, ya sabemos, que nadie (ningún funcionario público, por lo pronto, aunque "nadie" abarque a toda la población mexicana) goce de un salario superior al del presidente, siendo este el tope o techo que, junto con el salario mínimo permite establecer las fronteras flexibles, las cotas dentro de las cuales se desarrolle la dinámica de la economía mexicana. Esto obliga a que la distribución del dinero se efectúe no verticalmente, sino mejor horizontalmente e implica la reestructuración de los sistemas de pago con base un una "normalización" de los ingresos por concepto, de manera que la más natural opción para su armonía encuentre en la reinversión interna, dentro del flujo mismo de la economía propia, a modo de onda, la justificación más virtuosa del sistema económico en su conjunto.

Este modelo propuesto por pocos como el que suscribe estas líneas apunta no a contrarrestar los efectos del llamado "neoliberalismo" capitalista, sino a presentar una forma distinta de control dentro de los lineamientos mismos del sistema para volverlo más democrático, solidario y menos proclive a la inequidad y la rapiña. Quienes hemos defendido este modelo, economistas o no, hallamos en su flexibilidad (las cotas no tendrían que ser fijas) una manifestación austera tendiente a la equidad mejor que a la inequidad inicua que, hoy, tiene sumidas a muchas naciones y grupos sociales en la más extrema, dolorosa y vergonzante pobreza, por prohijar el acaparamiento de capitales en unas cuantas manos a la luz de los más mezquinos pretextos.

Por supuesto que la instauración de este modelo , como ya al fin se ha determinado hacer en México, conlleva ciertos costos que, de no ser administrados con justicia y visión de futuro y conciencia social podrían recular espectacularmente ocasionando más daño que beneficio, sobre todo al comienzo de su aplicación.

Eso es lo que ya comenzamos a ver con las medidas tomadas por el presidente López Obrador al mezclar promesas demagógicas con soluciones de democracia económica. Aun cuando son admisibles, comprensibles las reacciones en contrario de ministros de justicia y funcionarios que se lanzaron en una andanada de amparos (más de 21 mil) para no ser sujetos de la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, también conocida como Ley de Salarios Máximos, es claro también que los opositores no se han detenido a ver las bondades a ultranza enceguecidos como están por el temor a ver trastocados sus intereses egotistas, lo que hace del caso algo más preocupante que si solo ociosa confrontación entre poderes.

La idea surgió en tiempos del presidente Felipe Calderón (2009) a partir de una propuesta de AMLO, aun cuando dista de lo que aquí he descrito y cuyo modelo en sí, como se observa en mi simple cartón Paréntesis incluido en esta publicación, explica y describe que tanto salarios (no nada más) como utilidades, inversión en tecnología y desarrollo, educación, etc., precios incluso, pueden sujetarse al vaivén del mercado dentro de ciertos, precisos, flexibles parámetros entre los cuales, los picos excesivos, las simas exageradas en los valores de pobreza o riqueza extrema obliguen, para mantener el nivel administrable y disciplinado dentro del modelo de control, a una redistribución del ingreso de manera horizontal y con aplicaciones diversas, según las necesidades y objetivos de gobiernos, sociedad, empresas, industrias e instituciones ocasionando un mejor control en la amplitud y frecuencia de la distribución presupuestal de ingresos y egresos.

El modelo, sistémico en su concepto, no excluye los efectos de los factores internos y externos del mismo pues no es un sistema cerrado ni estrictamente basado, por ejemplo, en la moneda.

Pero, aquí está a la vista el efecto nocivo de una aplicación contradictoria del modelo. El ejemplo del Instituto Mexicano del Seguro Social es sintomático. Mientras por una parte tanto el presidente Enrique Peña Nieto y el actual AMLO han propugnado por la unificación de los sistemas de seguridad social hacia la universalización de la misma para atender a todos los mexicanos aun no siendo derechohabientes (lo que incide gravosamente sobre los costos del sistema de salud), por otro, la aplicación de la Ley de Salarios Máximos a nivel gubernamental solo junto con el decreto de modificación de salarios de funcionarios y empleados gubernamentales, los primeros a la baja, los segundos a la alta, para justificar dicha ley ocasiona que, por lo pronto, en los servicios de salud, se afecte al grueso de los mexicanos. ¿Cómo? Sencillo de explicar.

El IMSS siempre ha tenido un costo para los no derechohabientes, es decir los no inscritos en la institución y cotizando en actualidad. Eso no es nuevo; pero, EPN había decretado que bastaría el solo hecho de ser mexicano para tener derecho a ser atendido en cualquiera de las unidades médicas de las instituciones de seguridad social (SSA, IMSS, ISSSTE, etc.), dando a entender que ello se haría garantizando la "gratuidad" del servicio. Si bien la gratuidad pondría en jaque al sistema entero y ello justifica que a los no derechohabientes se les cobren los servicios o la afiliación, los costos de estos para el grueso de la población necesitada son casi prohibitivos. Si la redistribución del ingreso que ya se va experimentando en el gobierno con las medidas experimentales lópezbradoristas impuestas por la Ley de Salarios Máximos favorece a los trabajadores con aumentos de sueldos y a los funcionarios, aunque se los reduce, no los saca del contexto, los demás mexicanos tienen que seguir padeciendo salarios de hambre o disfrutando fortunas millonarias mayores al salario presidencial. En el primer caso, con dificultad pueden los ciudadanos pagar los servicios de salud, mientras, en el segundo, no los requieren.

Luego, más recientemente, AMLO prometió hacer efectiva la universalización de la seguridad social unificando todas las instituciones para evitar reduplicaciones presupuestarias, entre otros efectos resultantes de la fragmentación habida desde los años sesenta del siglo XX con instituciones ajustadas a los intereses de sindicatos específicos aún más que a las necesidades de la población en general. Si bien la medida se antoja factible y justa desde la óptica de la "austeridad republicana", los costos de la unificación, aun enfocados a la reducción de los mismos mediante la integración financiera y administrativa, serán altos al comienzo del proceso y alguien tendrá que pagar por ellos. ¿Quién pagará? Los patrones y los no derechohabientes quienes tendrían por fuerza que pagar, como hasta ahora ha sido y a despecho del decreto de EPN, para acceder a la seguridad social o para facilitar el acceso de otros bajo su peculio, como es el reciente caso de la reforma que defiende el derecho de las trabajadoras del servicio doméstico con el demagógicamente llamado "efecto Yalitza", el cual encierra un dato no contemplado por las legisladoras promoventes: la afectación sobre los costos de operación de los hogares entendidos como empresas no productivas. Y esos costos no se crean que son menores; pero, o se hace el ajuste a tiempo o se continúan defendindo canongías y derechos que, aun siendo legítimos en los ámbitos nacional e internacional, ya más bien operan solo en beneficio de los menos en tiempos cuando ha de pensarse en los más. Y es esto el resultado de confundir la gimnasia con la magnesia.

Entonces, mientras no se extienda la Ley de Salarios Máximos a toda la población, la distribución de los ingresos será parcial dentro del ámbito gubernamental. Los mejor favorecidos serán los trabajadores sindicalizados dependientes de la administración gubernamental, mientras los demás mexicanos tendremos que solventar los costos de la transformación o sufrir las consecuencias de no estar en condiciones de hacerlo y, cada día más, irnos depauparando y decayendo en nuestras casas, empresas, personas, viendo disminuída nuestra capacidad de consumo interno y, por ende, convirtiéndonos, cada uno de nosotros, en un freno multiplicado del crecimiento económico.

Sin embargo, al contrario de lo que algunos argumentan, al extenderse la Ley de Salarios Máximos a la iniciativa privada, los grandes empresarios no perderían, como algunos podrían pensar, el disfrute de salarios equivalentes al presidencial; simplemente su valor de riesgo estaría al nivel del mismo de manera equitativa en un tête à tête. ¿Por qué Carlos Slim debe estar por encima de quien lo gobierna? ¿Por qué el presidente debe estar por debajo de éste? ¿Por qué eliminar las pensiones a los presidentes en vez de ajustarlas al estricto derecho de todo trabajador? ¿No son los ex presidentes trabajadores mexicanos con los mismos derechos? La politización de las pensiones de los ex mandatarios llevó a poner como nata de grasa el reconcomio nacional frente a las injusticias resultantes de la corrupción, ocasionando un preocupante caso de discriminación digno de considerar por la CONAPRED; pero, ¿acaso verían mal los lopezobradoristas que a AMLO, tras terminar su gestión, se le pagara una pensión ajustada a su estricto derecho laboral? O, por el solo hecho de ganar más que el promedio de los mexicanos y en la cota máxima de ley ya queda eximido de semejante derecho?

El error ha sido mirar dicha Ley de Remuneraciones solo desde la óptica miope de los emolumentos percibidos por un trabajador en apego a su estricto derecho, cuando el planteamiento debería ser más sistémico y amplio, pues el efecto mariposa no se ha hecho esperar y amenaza con extenderse, lo cual no está mal siempre y cuando lo haga de forma positiva, edificante. Pues, no debe olvidarse que, al igual que en el desarrollo de las redes sociales impera el principio teórico de los seis grados de separación, también entre las leyes ocurre una interacción similar por causa de la yuxtaposición de los derechos y las obligaciones. Si la distribución de los ingresos, a partir de esta Ley de Salarios Máximos, introduce balance en el sistema de satisfacción de necesidades y derechos, es seguro que incidirá de igual manera en la facilitación, por ejemplo, de las obligaciones fiscales incluso reduciendo o eliminando la sobrerregulación impositiva existente como efecto de la inercia ancestral y justificante de todo lo corrompido.

ESTA TARDE, Indicios Metropolitanos pudo atestiguar y charlar con personal de la Policía Militar, base de la moderna Guardia Nacional implementada como eje de la política de seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los oficiales militares comentaron en entrevista a Indicios Metropolitanos que como parte de las primeras acciones instruídas y orquestadas está la de acercarse a la ciudadanía para tomar nota puntual tanto de la percepción como de las experiencias que los ciudadanos tienen sobre el serio tema de la inseguridad en sus distintas comunidades. En este caso, en relación a lo tocante a mi fraccionamiento, La Florida, en Naucalpan.

Indicios Mtropolitanos escuchó atentamente los señalamientos de algunos vecinos "ilustrando" a los oficiales que, libreta en mano y mirada aguzada, tomaban nota literal y mental de lo dicho por la gente para, desde ahí, trazar estrategias y tácticas que, aundadas a los entrenamientos militares con los que se organizarán las fuerzas policiales den respuestas más puntuales, sensibles, eficientes y efectivas en el combate a la inseguridad y el mantenimiento de la paz social.

Destacados en las instalaciones habilitadas para el efecto a un costado del Parque Naucalli, los oficiales a pie, en grupos de tres (por lo general dos varones y una mujer) y en unidades móviles recorren las colonias y fraccionamientos entrevistando brevemente a los vecinos, "casa por casa", "establecimiento por establecimiento", recabando con preguntas bien planteadas información sensible (ningún dato personal) capaz de dar luz sobre los modos de operar de los criminales y las afectaciones principales de que han sido objeto por parte de ellos los ciudadanos.

Indicios Metropolitanos cuestionó, entre broma y broma, la posibilidad de que de aquí, de estos primeros pasos, pudiera surgir una nueva, renovada, transformada versión "transparente" del viejo CISEN (Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional) del cual recientemente y por decreto presidencial se entregaron al ARGENA (Archivo General de la Nación) los archivos completos para su clasificación y desclasificación y apertura pública. Ante el comentario, la respuesta de los entrevistados se limitó a una mirada penetrante y una media sonrisa amable, muy amable.

VALLE TOLUCA MÉXICO., a 21 de enero del 2019.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano (SEDUyM) exhortó a las autoridades municipales en funciones a trabajar de manera coordinada en la actualización de sus Planes Municipales de Desarrollo Urbano, lo que servirá como marco directriz del ordenamiento territorial con visión de largo plazo en la entidad.

El titular de la SEDUyM, Enrique Jacob Rocha, afirmó que el trabajo está enfocado en actualizar y alinear los instrumentos de planeación, tanto a nivel estatal como municipal, lo que permitirá sentar las bases para el nuevo diseño de las ciudades y centros urbanos.

“La ley mandata a los municipios con más de 100 mil habitantes la actualización de sus planes de desarrollo urbano.

Para el estado de México, se trata de 33 municipios que suman más de 12.8 millones de mexiquenses, cerca de 80 por ciento de la población estatal. Sin embargo, el esfuerzo es ir más allá y tratar de actualizar la mayor cantidad de planes”, señaló.

El funcionario estatal informó que en este ánimo de colaboración con la instancia municipal, en cada oportunidad que se presenta se les reitera a los 125 ayuntamientos mexiquenses acerca de la necesidad y utilidad de tener actualizados sus planes de desarrollo urbano.

Jacob Rocha destacó que el propósito de estos instrumentos es establecer las políticas, estrategias y objetivos para el desarrollo urbano del territorio municipal, esto, mediante la determinación de la zonificación, los destinos y las normas de uso de suelo, así como las acciones de conservación, mejoramiento y crecimiento en los centros de población.

Agregó que estos planes deben ser congruentes con las políticas, estrategias y objetivos previstos en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano y, en su caso, con los del Plan Regional de Desarrollo Urbano que corresponda.

Asimismo, dijo que en los Planes Municipales de Desarrollo Urbano se identifican los proyectos, obras y acciones regionales en materia de desarrollo urbano, vialidad, transporte, infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, equipamiento regional, desarrollo económico y de protección y conservación del medio ambiente, entre otras.

Estas acciones benefician a los mexiquenses, ya que integran un análisis de las dinámicas sociales, económicas y ambientales en el territorio, establecen imágenes objetivo de crecimiento y de distribución de la población y son un instrumento de certidumbre jurídica de la ocupación del suelo.