Una socrática transparencia

ERA DE LA OPINIÓN… que la transparencia debía suponer claridad y, a todas luces, el siguiente caso no sólo es prístino, sino además franco, honesto y por lo mismo raya en una encantadora, aunque preocupante ingenuidad. Ni Sócrates lo habría dicho mejor: yo sólo sé, que no sé nada.

De un tiempo a esta parte algunos ciudadanos por todo el país y especialmente en el lugar que, por lo pronto, por la cercanía me importa, el Estado de México y mi municipio de Naucalpan de Juárez, hemos estado haciendo solicitudes diversas a los gobiernos y sus dependencias mediante los organismos de transparencia y nos hemos llevado todo tipo de sorpresas.

Yo ya había comentado cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente e inepto con una redacción como velo para el buen entendedor:
En la respuesta a mi reciente solicitud con número de acuerdo TCA/CI/0001/TRICA/AD/2016 al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este a la letra se declaró “no estar en aptitud de practicar investigaciones, procesar, resumir y efectuar cálculos” al respecto. En síntesis, si ya antes se había declarado incompetente, ahora además se declaró inepto, poniendo al descubierto la inoperancia real, al menos en parte, del “gobierno digital” o “gobierno electrónico” que ha querido instaurarse en el Estado de México como en otras entidades a efecto de agilizar trámites internos y externos, registro, orden, organización y búsqueda de documentos e información pública útil a los efectos de seguimiento, acopio, archivo, clasificación (qué raro que casi todo lo público por algún motivo cae en la categoría de “Reservado” y “Confidencial”), litigio, y un largo etcétera (VEGA Torres, 2016).
La más reciente sorpresa se la llevó el presidente de la Contraloría Ciudadana para la Vigilancia y la Transparencia A.C., Héctor Miranda Martínez. En una de las tantas solicitudes que ha venido haciendo para conocer de los gobiernos distintos temas y aspectos y así establecer factores que permitan conformar una fórmula para medir cuantitativa y cualitativamente el desempeño y de los gobiernos municipales en materia de transparencia, se topó con lo ¿inesperado?: la honesta contestación de un funcionario responsable de la transparencia en el municipio de Nopaltepec, Estado de México.

El funcionario, que responde al nombre de Augusto Contreras Dávila, tiene poco tiempo de haber sido nombrado en el cargo como él mismo lo apunta en su breve y sincera respuesta a la solicitud con folio 00013/NOPALTE/IP/2016 [sic.]:
la verdad no pude contestarles sus preguntas ya que hay muchas cosas que se encuentran en la página del ipomex la verdad soy nuevo en esto y no e tenido ninguna capacitación ya que fui nombrado como el titular el pasado 27 de junio en una secion de cabildo ojala si le sirva la poca información
Si, por una parte, la sola redacción, la gramática ya denota la calidad del funcionario desde un punto de vista educativo, que nos encontremos con la realidad de que no haya recibido la justa capacitación mínima para el desempeño del cargo explica muchos de los males que aquejan a los mexicanos en toda la extensión de la República.

Crúcese la respuesta con la que han dado muchos de los profesores normalistas que hoy por hoy protestan contra la mal llamada Reforma Educativa del Presidente Enrique Peña Nieto, y también de quienes simpatizan con su causa y no puede uno sino dar razón a los motivos que la hicieron posible, aun cuando por otro lado también no tenga uno más que, tristemente, reconocer que una reforma de índole laboral no es sino apenas un mínimo acicate —y no el más apropiado— para sacudir no nada más las conciencias de los agentes que posibilitan la educación del pueblo, sino al sistema pedagógico por entero.

La capacitación, así en el ámbito público como en el privado, no es sino un paliativo, cuando más, o un requisito burocrático para tapar el ojo al macho y cumplir con normas y lineamientos que nada aportan de veras al mejoramiento de las condiciones laborales de toda clase de trabajadores en el país.
Pero, en el afán de empatarnos a como dé lugar y con prisas con el vecino país del norte, correteados por un Tratado de Libre Comercio que ya obliga, desde finales de los ochentas, en todos sus puntos, a una competencia feroz; queriendo además seguir las tendencias de las modas de todo tipo, en México hemos creado un Sistema de Evaluación Docente que no es sino un remedo de fórmulas de cartabón que apenas si retratan la pobreza del desarrollo académico, profesional e intelectual de los mexicanos en todas las edades y ocupaciones. Pasamos de panzazo hasta la manera de hacer válidos nuestros derechos. No solo no crecemos económicamente, sino que no acabamos de madurar como pueblo con conocimiento.

Por supuesto que, siendo condescendientes, podemos aceptar y preferir la honesta ¿o incauta? contestación del funcionario y hasta disculpar sus yerros expresivos, haciendo como que no los vemos —¡total!, que mal de muchos es consuelo de tontos— para hincar toda culpa, en vez de en el individuo, en el sistema que lo envuelve y lo sostiene. El culpable, para no variar, es papá gobierno. Ya nos lo han señalado los psicólogos: los pecados de los padres los pagamos los hijos. ¡Pamplinas!

En 1997, un magnífico escritor, Nobel de Literatura, perseguido por el fantasma de su mala ortografía, Gabriel García Márquez propuso en el Primer Congreso de la Lengua Española efectuado en Zacatecas que jubiláramos a la ortografía. Y en esta singular pieza ejemplar que ahora comparto está no nada más jubilada en buena parte, sino además demostrando que, aun así, la ausencia de corrección tiene mucho qué decir no nada más de una persona, sino de su contexto y hasta de sus antecedentes y consecuentes.

De modo similar quedó reflejado en aquel memorando —en el conocimiento de Indicios Metropolitanos— con el que, a finales del año pasado, funcionarios de seguridad de Naucalpan respondieron a Antonio Arzate, sumado entonces a la estructura del gobierno interino de Claudia Oyoque con el cargo de Coordinador de Vinculación Ciudadana, que no contaba el ayuntamiento con reportes, información o estudios sobre accidentes relacionados con el alcoholismo como causa. Peor aún, no tenían un registro fidedigno de accidentes automovilísticos en general para Naucalpan. Arzate había solicitado tal información para justificar con base en ella que se promoviera el instaurar el uso del alcoholímetro en establecimientos comerciales como un recurso preventivo, razón por la cual “Mr. Bache” con su gente se dio a la tarea de efectuar un sondeo para el efecto (JIMÉNEZ Jacinto, 2015).

Ya aquí se va dando una medida de algo mucho más que la sola transparencia como objetivo de índole de la administración pública. Y más allá, queda transparentada la vergonzosa estupidez de todo un país.

La ley de transparencia del Estado de México recientemente votada y publicada anota en su artículo 57 (LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2016):
Artículo 57. El responsable de la Unidad de Transparencia deberá tener el perfil adecuado para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Ley. Para ser nombrado titular de la Unidad de Transparencia, deberá cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos:

I. Contar con conocimiento o, tratándose de las entidades gubernamentales estatales y los municipios certificación en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, que para tal efecto emita el Instituto;
II. Experiencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales; y
III. Habilidades de organización y comunicación, así como visión y liderazgo.
Por contraste, la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia (federal) promulgada un año antes no especifica tales habilidades y competencias, sino se detiene en listar las funciones en su artículo 45:
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2015).
Transparencia, para el funcionario citado, es sinónimo de franqueza. Debe serlo, pero ¿hasta qué punto? En el trasfondo de la Ley de Transparencia está la idea de ese refrán: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre.

Aquí, la luz de la sinceridad quema al funcionario, quema al sistema total y en el incendio alcanzamos a vislumbrar las siluetas de nuestras impertérritas vergüenzas compartidas. Qué bueno; pero, también qué malo.

No hace mucho, en Naucalpan se removió del cargo de Defensor de Derechos Humanos a una persona —muy aparte del escándalo de presumible acoso por parte de un regidor— por suponerse que no contaba con los requisitos de ley, los que había falseado. Los gobiernos municipal y estatal tardaron un mes, contraviniendo la ley, para publicar una nueva convocatoria para el cargo. La página web del ayuntamiento es de las mejorcitas que conozco, por lo menos en diseño, pero obedece más a una preocupación de imagen institucional de que servicio público. Es un buen escaparate, pero dista de ser transparente, apenas se queda en translúcido por la cantidad de nexos, datos y recursos que le faltan por exhibir.

¿En el orden de las cosas, la lógica debería de mover a una reacción semejante orillando a Augusto a ser removido del cargo y al desempleo en vista de las evidencias? ¿Debe ser pagano de lo mismo que adolecen tantos y tantos? Dejarnos llevar por el sentido común podría incidir en una probable injusticia, tal vez, como le ocurrió a aquel abogado de una anécdota real que, a mediados de los noventa, también en Naucalpan, perdió un caso y, cuando fue a reclamar al juez, que había sido profesor suyo en la facultad, este le dijo, demanda en mano:

—Todo fue culpa de una coma. De esta coma.

—Pero, ¿cómo va a ser?

—Lee bien. Todo tu caso lo tenías muy bien fundamentado, prácticamente ganado; pero, esa sola coma obliga a interpretar la redacción de ese párrafo crucial de modo contrario a tus intenciones como defensor de la causa. No fue mi lectura, sino tu redacción la que me llevó a sentenciar a la letra. No hacerlo así habría sido quizá justo, pero improcedente. Claro que puedes apelar. Quizá otro juez menos avezado en temas de redacción sea más condescendiente contigo.

Y la historia me recuerda también aquella anécdota del maestro periodista Fernando Benítez a quien su esposa le reclamó alguna vez que fuera tan exigente con sus estudiantes y reprobara a tantos —ejemplo que, hasta cierto punto, apliqué a mi vez en mi paso por la academia—. “Mujer, mejor que los repruebe yo ahora y no luego la vida”.

El caso del juez confronta al ejercicio legal con la realidad de las formas caducas persistentes en la jerga y modo como los tinterillos y los legisladores insisten en redactar las leyes, como fórmulas ininteligibles sujetas a la interpretación del más ingenioso. Urge, sin duda, una reforma en la base comunicativa de las leyes.

Eso está pasando con nuestros políticos, nuestros legisladores, con nuestros profesores normalistas, que se defienden como gato boca arriba: la vida los está reprobando y ante el hecho solo saben responder con berrinches de niño malcriado; y el comportamiento se disemina, se contagia entre el resto de la población bajo el pretexto del hartazgo, del miedo o de la rebeldía frente a la “paternal” represión como se califica al derecho de todo gobierno a ejercer la fuerza para imponer el orden.

Por supuesto que esto último no debía derivar en atropellos y decesos desafortunados. Pero el abuso de poder en realidad no siempre es unilateral. También el poder del ciudadano en determinadas circunstancias puede ser excesivo, reprobable, inicuo.

Toda proporción guardada, no hace mucho personalmente recibí, palabras más o menos, una respuesta extraoficial similar a la de Augusto de parte de cierto funcionario de Naucalpan a quien hice determinada solicitud de información que aún estoy esperando para dar curso a uno de mis artículos pendientes: “ahora sí nos hiciste desenterrar el Baúl de los recuerdos”.

¿Me entiendes, Méndez; o te explico, Federico?


Referencias

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (4 de mayo de 2015). "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública". Diario Oficial de la Federación (DOF), pág. 65. Recuperado el 8 de julio de 2016, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
JIMÉNEZ Jacinto, R. (15 de diciembre de 2015). "Urgen instalar alcoholímetro en Edomex". Recuperado el 8 de julio de 2016, de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2015/12/15/urgen-instalar-alcoholimetro-en-edomex
LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. (4 de mayo de 2016). "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios". Gaceta de Gobierno, pág. 96. Recuperado el 8 de julio de 2016, de http://inicio.ifai.org.mx/LeyesEstados/mexico.pdf
VEGA Torres, J. (10 de marzo de 2016). "Participación ciudadana. El escalón que falta". Obtenido de Indicios Metropolitanos: https://issuu.com/antoniodelavega/docs/participaci__n_ciudadana_el_escal__/1



Podrían "cargarle el muertito" a Edgar Olvera Higuera.

DE TIEMPO ATRÁS vengo señalando que Edgar Olvera Higuera, alcalde de Naucalpan, Estado de México, debe cortar de tajo y por lo sano con las relaciones perniciosas que lo tienen apergollado desde la campaña, concretamente con Azucena Olivares y su esposo Guillermo González, pero no nada más.

En un artículo anterior enfaticé la importancia de este tema. Ahora que el senado ha votado favorablemente las modificaciones a la Ley #3DE3 propuestas por el Presidente Enrique Peña Nieto, eliminando lo referente a que los particulares involucrados en relaciones comerciales con los gobiernos federal, estatales o municipales efectúen sus declaraciones correspondientes, en especial la de intereses, se cierra la puerta para una fiscalización que de veras transparente el ejercicio del poder.

Es, sí, comprensible y respetable que los particulares no hagan una declaración patrimonial, pero es fundamental conocer los grados de interés, los recovecos de relaciones que, por debajo de la mesa o a todas luces disfrazan, encapsulan componendas de toda índole que favorecen no nada más a los funcionarios corruptos, sino a los particulares beneficiados por la corrupción de forma directa o indirecta por lo menos en tres niveles de relación.

Por supuesto que las razones del veto presidencial reciente, muy al margen de las consideraciones y la presión empresariales, son comprensibles, atendibles, tanto como lo son en lo esencial los reclamos de los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en estricto sentido de la necesidad de una verdadera reforma de orden pedagógico y no solo laboral, aunque yerren en su proceder. Pero los mismos empresarios harían bien en no ponerse el parche en el ojo sano y también exigirse transparencia.

Todos debemos ser transparentes, no translúcidos. Quien nada debe, nada teme. Así, el profesor mal preparado para atender el aula, faltista por compromisos gremiales y que por ellos coloca en segundo plano a su primera responsabilidad que es la infancia a la que se debe, ha de pagar las consecuencias, actuar en apego a la norma tanto como incidir de forma activa, más al cambio pedagógico y didáctico que al estancamiento y la regresión so pretexto de la defensa de sus indiscutiblemente legítimos derechos. El servidor público también y no se digan los empresarios y todo ciudadano.

La deuda de Azucena Olivares a los trabajadores del SUTEyM que asciende a poco más de 46 millones de pesos es resultado de estas formas opacas de administrar el erario tanto al interior de las administraciones gubernamentales como entre quienes conforman las cúpulas sindicales, que no son blancas palomas. Pero está visto que, siendo chipotuda la justicia en nuestro país, capaz que en un arranque de "cóbrese de lo perdido lo que aparezca", algún juez pudiera "cargarle el muertito" al gobierno actual de Edgar Olvera y a su costa se libre la exalcaldesa de pisar la cárcel tanto como de pagar lo que debe, aun cuando su hija, la diputada local Irazema González, tenga inclinación por negar la realidad. Sólo se entendería tal de tratarse de una jugarreta política dirigida desde el PRI de Eruviel Ávila para congraciarse con esa ala del partido que podría apuntalar sus pretensiones presidencialistas, aun habiendo sido opositora a las ambiciones que llevara a David Parra Sánchez a jugar el rol de convidado de piedra.

El colega Alfredo Ibáñez anotó bien el indicio en su artículo reciente en Todo Texcoco:
[...E]l secretario del Ayuntamiento de Naucalpan, Horacio Jiménez, [...] expuso que, de ordenarlo la autoridad competente, el actual gobierno local que preside Edgar Olvera, tendría que pagar los 46 millones 18 mil 23 pesos que Azucena Olivares desvió. 
Días anteriores se negó a reconocer la posibilidad de que la administración del PAN cubriera dicho adeudo, ahora cambió de parecer y dejó ver la posibilidad de asumir la deuda, siempre y cuando se lo demanden oficialmente.
De acuerdo con la entrevista efectuada por el colega Mario Ruiz, Jiménez afirmó que:

[...] justamente el peritaje en el que se documenta el daño patrimonial fue a petición de un juez para determinar la asunción de responsabilidades, viene correlacionado con una carpeta de investigación abierta en la que se le hace una imputación directa a una persona y/o presunto responsable; por lo que, derivado de la sentencia, se conocerá del otorgamiento de las penalidades y las consecuencias para la reparación de la presunción del daño que funde el órgano jurisdiccional.
Las finanzas del ayuntamiento de Naucalpan no están en condiciones de absorber semejante deuda. Tiene bastante con el fardo heredado, medio disminuido por las administraciones anteriores de Claudia Oyoque y David Sánchez Guevara.

Los arreglos "estratégicos" efectuados tras el conflicto con el SUTEyM y confrontar necesidades urgentes han incrementado y ampliado el compromiso financiero de Naucalpan por causa de arrendamiento de vehículos para servicio público, saneamiento y seguridad. Si por una parte estas decisiones han supuesto una ventaja táctica en relación a la administración de los costos por concepto de mantenimiento de las unidades, por otra parte supuso hacer un agujero al saco, el cual no está siendo remendado ni rellenado de la mejor manera. La recaudación fiscal va lenta, en parte por la situación económica general, en parte por las ineficiencias burocráticas que se agravaron en algunas dependencias por el "natural" cambio de estafeta que sigue, perniciosamente, con cada cambio de gobierno.

Enrique Vargas del Villar, Víctor Hugo Sondón Saavedra
(aspirante a la presidencia del PAN Naucalpan) y
Edgar Olvera Higuera, alcalde.
Foto: Perfil Facebook de Edgar Olvera
Hay una lista de alrededor de unas 40 cabezas de funcionarios de distinto nivel pendientes de ser cortadas por diversas razones. Pero el edil, más preocupado por el acomodo de las piezas del ajedrez en el PAN de Naucalpan con miras a las elecciones del 2017 distrae su atención de lo fundamental para el municipio.

Su apuesta debe ser a su reelección, no a perseguir algún otro cargo como quizás una senaduría. Hacerlo lo llevaría a caer en el mismo error político de David Sánchez Guevara que, en su ambición y en el interés por escudarse en el fuero legislativo, solicitó licencia un año antes de terminar su gestión para perseguir una diputación federal. Craso error que ni siquiera le ayudó a librarse de la prisión.

No faltan los desorientados que miran en Olvera un posible candidato a la gubernatura estatal, pero eso, por lo ya dicho, sería lo mismo. El lema de Olvera es "Orden y Conciencia"; mientras no ponga orden suficiente y creíble en la casa, su conciencia no podrá estar lo bastante tranquila para dar el siguiente paso. Jugar en otro sentido podría significar el fin de su carrera política. Si aspira a la gubernatura, ha de esperar al 2023 y mejor afianzar una reelección que le dé un mayor plazo para, en conciencia, poner orden al desmadre existente, al muladar hallado.

Olvera no debe olvidar que el hartazgo ciudadano, el miedo por la creciente inseguridad, las marcadas necesidades de los naucalpenses fueron algunos de los factores que lo llevaron al lugar que hoy, bien o mal, ya ocupa.

(Con información de Mario Ruiz / Vallemex Noticias.)

Una metodología para el autoplagio

UNA AMISTAD Y COLEGA compartió mediante Facebook una guía o manual de entre tantos que hay para citar trabajos, documentos, fuentes informativas, referencias en lo que uno escribe. Concretamente en relación al conjunto de normas de la American Psicology Asociation (APA). Es una buena guía simplificada (aunque no indica quién es el autor; en la casa del jabonero...). Si gustan el documento armado en PDF, pueden descargarlo desde mi biblioteca virtual haciendo clic aquí.

Me detengo en dos puntos de las descripciones y explicaciones vertidas en ese manual.

1) La mayoría de las normas metodológicas se preocupan mucho por los derechos de autor, el copyright, y está bien, pero también existe el Copyleft del Creative Commons y, si bien, de algún modo aplica igual la citación para obras registradas bajo ese esquema, referirlas, incluirlas, modificarlas (según el caso de la licencia) es un gorro, pues no falta el lector-investigador ortodoxo o por lo menos tarambana que confunde la cita modificada con plagio sin serlo necesariamente.

Esto me lleva al segundo punto, donde se define y describe el autoplagio, en parte, si se quiere, para curarme en salud.

De antiguo se consideraba que, si uno no es citado o referido por el conjunto de los colegas o por terceros, uno prácticamente no existe, aun teniendo ideas decentes, aceptables, por lo menos “en el parecer de mi mamá”.

Con el avance de la tecnología, la abundancia de asociaciones gremiales, el snobismo de ciertos grupos académicos e intelectuales, y los intereses creados alrededor de la producción de conocimiento y contenidos, se sigue considerando el autoplagio una especie de pecado. Y puede serlo, pero hay que distinguir la sutileza de los casos. En aquellos en que el autor (típico en los contenidos de blogs y sitios diversos en internet), falto de originalidad o memoria, copia y pega lo dicho y escrito en algún momento pasado solo para justificar el tráfico, la temporalidad del contenido, aun dando una “manita de gato” a la forma o el fondo, para allegarse centavos y oportunidades no a costa de otros autores sino de su propia pobreza intelectual, comete autoplagio por pereza. Los lectores no son tontos y más pronto que tarde se percatan del “fraude” intelectual y creativo anclado en la repetición, peor que en la redundancia.

Sin embargo, también ocurre que el autor (en esa canasta me meto), en afán de mantener, justificar, remembrar, redundar y no perder la congruencia de lo dicho y por decir, se cita a sí mismo, directa o indirectamente, parafraseándose incluso, como un servicio de continuidad a sus ideas y su obra, pero también como un servicio de honestidad intelectual frente a sí mismo y de los lectores asiduos y los por venir.

Es difícil saber cuándo uno es citado por los colegas o por los no colegas. Hoy, las etiquetas en las redes sociales, los vínculos con funciones de tracking facilitan un poco ese conocimiento en calidad de vana retroalimentación (el mejor ejemplo lo tienes, amigo lector, en los vínculos que he incluido en este texto para no incluir más adelante una lista de referencias). Entre que son peras o manzanas, a veces uno, ya por presunción ya por previsión, en la idea ya expuesta o con el fin de justipreciar el trabajo previo a falta del reconocimiento ajeno, opta por autocitarse, por autoplagiarse como que no quiere la cosa, autoincluirse en la lista de referencias como si se tratara de un otro distinto, poniendo así una leve distancia respecto del propio trabajo de investigación o creativo previo y que fundamenta la argumentación actual a los ojos del lector.

Todavía hay quien, al amparo de las normas metodológicas, mira esta conducta legítima —no dejes a los demás lo que puedas hacer por ti mismo— como reprobable por egotista, dicen, cuando de alguna manera es una forma de hacer valedero el esfuerzo personal sin esperar el apoyo de las vejigas de algún flotante santón. No en balde escribí hace tiempo este, el primero de tres artículos alrededor del tema: “¡Que me plagio solo!” y con respecto de lo cual lo aquí comentado ya se puede conocer como una cuarta continuación. Sí, esto que escribí originalmente en Facebook, lo copio, pego y me plagio ahora aquí, en mi blog.