Una socrática transparencia

julio 08, 2016 Santoñito Anacoreta 0 Comments

ERA DE LA OPINIÓN… que la transparencia debía suponer claridad y, a todas luces, el siguiente caso no sólo es prístino, sino además franco, honesto y por lo mismo raya en una encantadora, aunque preocupante ingenuidad. Ni Sócrates lo habría dicho mejor: yo sólo sé, que no sé nada.

De un tiempo a esta parte algunos ciudadanos por todo el país y especialmente en el lugar que, por lo pronto, por la cercanía me importa, el Estado de México y mi municipio de Naucalpan de Juárez, hemos estado haciendo solicitudes diversas a los gobiernos y sus dependencias mediante los organismos de transparencia y nos hemos llevado todo tipo de sorpresas.

Yo ya había comentado cuando el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente e inepto con una redacción como velo para el buen entendedor:
En la respuesta a mi reciente solicitud con número de acuerdo TCA/CI/0001/TRICA/AD/2016 al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, este a la letra se declaró “no estar en aptitud de practicar investigaciones, procesar, resumir y efectuar cálculos” al respecto. En síntesis, si ya antes se había declarado incompetente, ahora además se declaró inepto, poniendo al descubierto la inoperancia real, al menos en parte, del “gobierno digital” o “gobierno electrónico” que ha querido instaurarse en el Estado de México como en otras entidades a efecto de agilizar trámites internos y externos, registro, orden, organización y búsqueda de documentos e información pública útil a los efectos de seguimiento, acopio, archivo, clasificación (qué raro que casi todo lo público por algún motivo cae en la categoría de “Reservado” y “Confidencial”), litigio, y un largo etcétera (VEGA Torres, 2016).
La más reciente sorpresa se la llevó el presidente de la Contraloría Ciudadana para la Vigilancia y la Transparencia A.C., Héctor Miranda Martínez. En una de las tantas solicitudes que ha venido haciendo para conocer de los gobiernos distintos temas y aspectos y así establecer factores que permitan conformar una fórmula para medir cuantitativa y cualitativamente el desempeño y de los gobiernos municipales en materia de transparencia, se topó con lo ¿inesperado?: la honesta contestación de un funcionario responsable de la transparencia en el municipio de Nopaltepec, Estado de México.

El funcionario, que responde al nombre de Augusto Contreras Dávila, tiene poco tiempo de haber sido nombrado en el cargo como él mismo lo apunta en su breve y sincera respuesta a la solicitud con folio 00013/NOPALTE/IP/2016 [sic.]:
la verdad no pude contestarles sus preguntas ya que hay muchas cosas que se encuentran en la página del ipomex la verdad soy nuevo en esto y no e tenido ninguna capacitación ya que fui nombrado como el titular el pasado 27 de junio en una secion de cabildo ojala si le sirva la poca información
Si, por una parte, la sola redacción, la gramática ya denota la calidad del funcionario desde un punto de vista educativo, que nos encontremos con la realidad de que no haya recibido la justa capacitación mínima para el desempeño del cargo explica muchos de los males que aquejan a los mexicanos en toda la extensión de la República.

Crúcese la respuesta con la que han dado muchos de los profesores normalistas que hoy por hoy protestan contra la mal llamada Reforma Educativa del Presidente Enrique Peña Nieto, y también de quienes simpatizan con su causa y no puede uno sino dar razón a los motivos que la hicieron posible, aun cuando por otro lado también no tenga uno más que, tristemente, reconocer que una reforma de índole laboral no es sino apenas un mínimo acicate —y no el más apropiado— para sacudir no nada más las conciencias de los agentes que posibilitan la educación del pueblo, sino al sistema pedagógico por entero.

La capacitación, así en el ámbito público como en el privado, no es sino un paliativo, cuando más, o un requisito burocrático para tapar el ojo al macho y cumplir con normas y lineamientos que nada aportan de veras al mejoramiento de las condiciones laborales de toda clase de trabajadores en el país.
Pero, en el afán de empatarnos a como dé lugar y con prisas con el vecino país del norte, correteados por un Tratado de Libre Comercio que ya obliga, desde finales de los ochentas, en todos sus puntos, a una competencia feroz; queriendo además seguir las tendencias de las modas de todo tipo, en México hemos creado un Sistema de Evaluación Docente que no es sino un remedo de fórmulas de cartabón que apenas si retratan la pobreza del desarrollo académico, profesional e intelectual de los mexicanos en todas las edades y ocupaciones. Pasamos de panzazo hasta la manera de hacer válidos nuestros derechos. No solo no crecemos económicamente, sino que no acabamos de madurar como pueblo con conocimiento.

Por supuesto que, siendo condescendientes, podemos aceptar y preferir la honesta ¿o incauta? contestación del funcionario y hasta disculpar sus yerros expresivos, haciendo como que no los vemos —¡total!, que mal de muchos es consuelo de tontos— para hincar toda culpa, en vez de en el individuo, en el sistema que lo envuelve y lo sostiene. El culpable, para no variar, es papá gobierno. Ya nos lo han señalado los psicólogos: los pecados de los padres los pagamos los hijos. ¡Pamplinas!

En 1997, un magnífico escritor, Nobel de Literatura, perseguido por el fantasma de su mala ortografía, Gabriel García Márquez propuso en el Primer Congreso de la Lengua Española efectuado en Zacatecas que jubiláramos a la ortografía. Y en esta singular pieza ejemplar que ahora comparto está no nada más jubilada en buena parte, sino además demostrando que, aun así, la ausencia de corrección tiene mucho qué decir no nada más de una persona, sino de su contexto y hasta de sus antecedentes y consecuentes.

De modo similar quedó reflejado en aquel memorando —en el conocimiento de Indicios Metropolitanos— con el que, a finales del año pasado, funcionarios de seguridad de Naucalpan respondieron a Antonio Arzate, sumado entonces a la estructura del gobierno interino de Claudia Oyoque con el cargo de Coordinador de Vinculación Ciudadana, que no contaba el ayuntamiento con reportes, información o estudios sobre accidentes relacionados con el alcoholismo como causa. Peor aún, no tenían un registro fidedigno de accidentes automovilísticos en general para Naucalpan. Arzate había solicitado tal información para justificar con base en ella que se promoviera el instaurar el uso del alcoholímetro en establecimientos comerciales como un recurso preventivo, razón por la cual “Mr. Bache” con su gente se dio a la tarea de efectuar un sondeo para el efecto (JIMÉNEZ Jacinto, 2015).

Ya aquí se va dando una medida de algo mucho más que la sola transparencia como objetivo de índole de la administración pública. Y más allá, queda transparentada la vergonzosa estupidez de todo un país.

La ley de transparencia del Estado de México recientemente votada y publicada anota en su artículo 57 (LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, 2016):
Artículo 57. El responsable de la Unidad de Transparencia deberá tener el perfil adecuado para el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Ley. Para ser nombrado titular de la Unidad de Transparencia, deberá cumplir, por lo menos, con los siguientes requisitos:

I. Contar con conocimiento o, tratándose de las entidades gubernamentales estatales y los municipios certificación en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales, que para tal efecto emita el Instituto;
II. Experiencia en materia de acceso a la información y protección de datos personales; y
III. Habilidades de organización y comunicación, así como visión y liderazgo.
Por contraste, la Ley General de Acceso a la Información y Transparencia (federal) promulgada un año antes no especifica tales habilidades y competencias, sino se detiene en listar las funciones en su artículo 45:
Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de Transparencia que tendrá las siguientes funciones:

I. Recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de esta Ley, así como la correspondiente de la Ley Federal y de las Entidades Federativas y propiciar que las Áreas la actualicen periódicamente, conforme la normatividad aplicable;
II. Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
III. Auxiliar a los particulares en la elaboración de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes conforme a la normatividad aplicable;
IV. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de acceso a la información;
V. Efectuar las notificaciones a los solicitantes;
VI. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, conforme a la normatividad aplicable;
VII. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;
VIII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío;
IX. Promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad;
X. Fomentar la transparencia y accesibilidad al interior del sujeto obligado;
XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las demás disposiciones aplicables, y
XII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable.
Los sujetos obligados promoverán acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las repuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 2015).
Transparencia, para el funcionario citado, es sinónimo de franqueza. Debe serlo, pero ¿hasta qué punto? En el trasfondo de la Ley de Transparencia está la idea de ese refrán: ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre.

Aquí, la luz de la sinceridad quema al funcionario, quema al sistema total y en el incendio alcanzamos a vislumbrar las siluetas de nuestras impertérritas vergüenzas compartidas. Qué bueno; pero, también qué malo.

No hace mucho, en Naucalpan se removió del cargo de Defensor de Derechos Humanos a una persona —muy aparte del escándalo de presumible acoso por parte de un regidor— por suponerse que no contaba con los requisitos de ley, los que había falseado. Los gobiernos municipal y estatal tardaron un mes, contraviniendo la ley, para publicar una nueva convocatoria para el cargo. La página web del ayuntamiento es de las mejorcitas que conozco, por lo menos en diseño, pero obedece más a una preocupación de imagen institucional de que servicio público. Es un buen escaparate, pero dista de ser transparente, apenas se queda en translúcido por la cantidad de nexos, datos y recursos que le faltan por exhibir.

¿En el orden de las cosas, la lógica debería de mover a una reacción semejante orillando a Augusto a ser removido del cargo y al desempleo en vista de las evidencias? ¿Debe ser pagano de lo mismo que adolecen tantos y tantos? Dejarnos llevar por el sentido común podría incidir en una probable injusticia, tal vez, como le ocurrió a aquel abogado de una anécdota real que, a mediados de los noventa, también en Naucalpan, perdió un caso y, cuando fue a reclamar al juez, que había sido profesor suyo en la facultad, este le dijo, demanda en mano:

—Todo fue culpa de una coma. De esta coma.

—Pero, ¿cómo va a ser?

—Lee bien. Todo tu caso lo tenías muy bien fundamentado, prácticamente ganado; pero, esa sola coma obliga a interpretar la redacción de ese párrafo crucial de modo contrario a tus intenciones como defensor de la causa. No fue mi lectura, sino tu redacción la que me llevó a sentenciar a la letra. No hacerlo así habría sido quizá justo, pero improcedente. Claro que puedes apelar. Quizá otro juez menos avezado en temas de redacción sea más condescendiente contigo.

Y la historia me recuerda también aquella anécdota del maestro periodista Fernando Benítez a quien su esposa le reclamó alguna vez que fuera tan exigente con sus estudiantes y reprobara a tantos —ejemplo que, hasta cierto punto, apliqué a mi vez en mi paso por la academia—. “Mujer, mejor que los repruebe yo ahora y no luego la vida”.

El caso del juez confronta al ejercicio legal con la realidad de las formas caducas persistentes en la jerga y modo como los tinterillos y los legisladores insisten en redactar las leyes, como fórmulas ininteligibles sujetas a la interpretación del más ingenioso. Urge, sin duda, una reforma en la base comunicativa de las leyes.

Eso está pasando con nuestros políticos, nuestros legisladores, con nuestros profesores normalistas, que se defienden como gato boca arriba: la vida los está reprobando y ante el hecho solo saben responder con berrinches de niño malcriado; y el comportamiento se disemina, se contagia entre el resto de la población bajo el pretexto del hartazgo, del miedo o de la rebeldía frente a la “paternal” represión como se califica al derecho de todo gobierno a ejercer la fuerza para imponer el orden.

Por supuesto que esto último no debía derivar en atropellos y decesos desafortunados. Pero el abuso de poder en realidad no siempre es unilateral. También el poder del ciudadano en determinadas circunstancias puede ser excesivo, reprobable, inicuo.

Toda proporción guardada, no hace mucho personalmente recibí, palabras más o menos, una respuesta extraoficial similar a la de Augusto de parte de cierto funcionario de Naucalpan a quien hice determinada solicitud de información que aún estoy esperando para dar curso a uno de mis artículos pendientes: “ahora sí nos hiciste desenterrar el Baúl de los recuerdos”.

¿Me entiendes, Méndez; o te explico, Federico?


Referencias

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (4 de mayo de 2015). "Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública". Diario Oficial de la Federación (DOF), pág. 65. Recuperado el 8 de julio de 2016, de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf
JIMÉNEZ Jacinto, R. (15 de diciembre de 2015). "Urgen instalar alcoholímetro en Edomex". Recuperado el 8 de julio de 2016, de El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2015/12/15/urgen-instalar-alcoholimetro-en-edomex
LIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO. (4 de mayo de 2016). "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios". Gaceta de Gobierno, pág. 96. Recuperado el 8 de julio de 2016, de http://inicio.ifai.org.mx/LeyesEstados/mexico.pdf
VEGA Torres, J. (10 de marzo de 2016). "Participación ciudadana. El escalón que falta". Obtenido de Indicios Metropolitanos: https://issuu.com/antoniodelavega/docs/participaci__n_ciudadana_el_escal__/1



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