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Solicitan diputados federales claridad sobre OHL

MIENTRAS EN EL SENADO de la República comparecía el Rey Felipe VI de España en su primera visita de Estado el martes 30 de junio de 2015 y subrayaba los históricos estrechos lazos que unen a nuestros pueblos en diversos rubros, en otro escenario, la Cámara de Diputados, otra figura española estaba siendo tratada con el cristal de la sospecha: la filial mexicana de OHL.

Tras la cadena de escándalos que han envuelto a la empresa española OHL (tanto en España como en México) y sus relacionadas con un conjunto de presuntas colusiones y corruptelas con el gobierno del Estado de México desde tiempos cuando era gobernador del estado el presidente Enrique Peña Nieto, ante la insistente difusión por los medios de grabaciones "ilegales" en las que se ponen de manifiesto evidencias, que no pruebas, de tales hechos y dichos que han llevado a los ejecutivos de la empresa a enfilar las baterías jurídicas contra quienes siquiera intenten poner en tela de juicio el prestigio de la firma en el mar de la opinión pública, luego de las auditorías efectuadas a la empresa OHL México, diputados solicitaron a la Secretaría de la Función Pública información acerca de los pormenores de la licitación y demás temas relacionados con el Viaducto Bicentenario y otras obras a cargo de la citada empresa. Los legisladores demandaron a la dependencia que se esclarezca y transparente la información que permita deslindar las responsabilidades de lo que por ahora sólo se ha venido dirimiendo en los juzgados como mero litigio entre intereses privados y en la opinión pública.


El Dip. Danner González Rodríguez (Movimiento Ciudadano) hizo referencia a la colusión entre intereses privados y funcionarios públicos, ejemplificando el caso de OHL en el Estado de México, advirtiendo que no es suficiente con requerir informes en este tema, toda vez que se deben fortalecer las acciones que abonen a la transparencia y la anticorrupción.


Una "permisiva" Dip. Cristina Ruíz Sandoval (PRI) señaló que en su partido se trabaja por la transparencia y acceso a la información de los contratos y concesiones. Subrayó que se ha legislado y trabajado para sancionar a los funcionarios corruptos, que en lo referente a la concesión de OHL se han realizado certificaciones por empresas externas, lo que ha garantizado el proceso de la misma. Reiteró que el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, ha ordenado que se detenga cualquier aumento en las tarifas del Viaducto Bicentenario hasta que no se terminen las investigaciones en torno a este caso y subrayó que, en pleno respeto a la división de poderes, será el Judicial quien determine las responsabilidades y sanciones a que haya lugar.


Por su parte, la diputada Lilia Aguilar (PT) señaló que, según el observatorio sobre la corrupción, México perdió 84 millones de pesos por arreglos ilegales relacionados con actos de corrupción. Afirmó que es imperante indagar sobre las concesiones otorgadas a la empresa OHL que presuntamente ha operado con funcionarios públicos para obtener beneficios en la adjudicación de obras públicas. Finalmente, señaló que para fortalecer la democracia y el Estado de Derecho es imperante combatir y castigar todos los actos de corrupción.


En su turno ante el pleno, el Dip. Agustín Miguel Alonso Raya (PRD) refirió que se han creado comisiones de investigación y se entregaron a la presidencia de la Mesa Directiva las resoluciones sobre los peritajes a la Línea 12 del Metro, por lo que conminó a esperar las resoluciones judiciales respecto a las denuncias e investigaciones que procedan sobre el caso de la empresa OHL México, a efecto de dar certeza a la sociedad de que se está trabajando en favor de la transparencia.


La Dip. María de Lourdes Amaya Reyes (PRD) señaló que uno de los flagelos que mayormente daña a México es la corrupción y que el conflicto de intereses revelado por las redes sociales entre el gobierno mexiquense y la empresa concesionaria OHL es una da las causas por las cuales se solicita la información en este tema. Continúó indicando que no se deben permitir actos de corrupción y los conflictos de intereses mediante los cuales se enriquecen algunos funcionarios a costa de las obras para beneficio de los ciudadanos.