SEMANAS ATRÁS, charlando con trabajadores sindicalizados del Gobierno de Naucalpan de Juárez, uno de ellos comentaba con preocupación y alguna amarga queja que el gobierno de Edgar Olvera Higuera venía pagando una tras otra las novatadas del equipo nombrado para administrar el ayuntamiento. “Casi ninguno tiene experiencia y conocimientos de administración pública”, afirmaba este trabajador, con o sin razón, contando entre otras cosas anécdotas tan aparentemente superficiales como la de la funcionaria que no sabía ni dónde sacar copias o que sacaba copias de más innecesariamente por desconocer en qué archivo o dependencia podía hallar cierta información. “En vez de recurrir al escalafón, luego de despedir a parte del personal, para aprovechar la experiencia de quienes llevamos años aquí y con preparación, el alcalde optó por poner a gente que no tiene ni idea de cómo funciona el ayuntamiento”, recalcó el trabajador desilusionado porque podía haber sido la oportunidad anhelada para ascender en salario y en nivel organizacional. Ciertamente los empleados también tienen su ego, su corazoncito y sus aspiraciones. Y esto no es exclusivo de un municipio.

La buena voluntad, sin duda, como rasgo de honradez se agradece en todo gobierno y en especial en los que significan alguna forma de transición como es el caso del presidido por Edgar Olvera. Y así como hay buenos elementos, los hay que, más pronto que tarde, sacan el cobre, como se dice coloquialmente.

No obstante, entre intereses por debajo de la mesa, probables componendas, compromisos adquiridos que atan con determinados grupos e incluso ingenuidad, algunos de los funcionarios del actual gobierno se han visto de pronto sorprendidos por vivales dentro y fuera de las murallas del ayuntamiento.

Sí, como dijo Edgar Olvera al comienzo de su administración, encontró un muladar. Pero ese muladar no contenía solamente los desperdicios y la corrupción heredados de gobiernos anteriores, del sindicato o de las costumbres burocráticas, sino también nexos perniciosos, algunos muy sutiles, con grupos cuyos aviesos y oportunistas propósitos solo aguardaban y aguardan asomar por un resquicio de ese muladar para colarse en calidad de presumible recurso irreprochable.

Si, por una parte, un grupo del sindicato SUTEyM Naucalpan ha exhibido no solo su animadversión sino su reserva respecto de, por ejemplo, el Director de Gobierno, Antonio García Mendoza al que apodan despectivamente “El Roñas”, quien se ha mostrado por mucho tiempo como opositor franco a David Parra Sánchez y su familia en la cúpula sindical, por otro lado los “buscadores de huesos” no dejan de hacer acto de presencia en afán de sacar alguna tajada de los “contactos” recién llegados al gobierno.

En medio de esas aguas procelosas es que boga la nave de Edgar Olvera. A poco rato de pasados sus primeros cien días de gobierno, dejó entrever en alguna declaración —aun cuando no con estas palabras— que más pronto que tarde comenzaría a depurar a su equipo, no nada más a los supuestos “aviadores” eventuales de OAPAS por los que se enfrascó en un conflicto laboral apenas entrando. Si esto es así, daría congruencia a lo dicho el primer día de su gobierno, como destacó el diario Plana Mayor:

O, si esto es así, podría pensarse también que el alcalde pudiera dar oídos a esos otros intereses creados para quienes determinadas personas en ciertos cargos han venido resultando incómodos. Como quiera que sea, el beneficio de la duda no puede dejar de otorgársele.

Quizá el caso más grave, por ahora, es el de la recientemente nombrada Defensora de los Derechos Humanos en Naucalpan, Jessica Guadalupe Mota Valdez, contra la que el cabildo levantó una denuncia de hechos, porque presuntamente, en complicidad con su marido —aunque dijo ser soltera—, Alejandro Flores Díaz (extrabajador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México), su suegra Hilda Díaz Balderas y su madre, Martha Hortensia Valdez Portillo, integraba una red de corrupción y extorsión [cf. (NOVELO, 2016), (ASÍ SUCEDE, 2016)].

A estos casos habría que sumar otras baterías enfocadas a ciertos “rincones ratoneros” en varias dependencias, pero especialmente aquellas que, por sus atribuciones y descripciones de puesto h al menos una mínima rendija tentadora para “arreglos en lo oscurito” entre funcionarios menores o mayores o todos juntos con oportunistas, sobre todo en lo relacionado con el otorgamiento de permisos diversos relacionados con temas como mercados, anuncios publicitarios, ambulantaje, desarrollo inmobiliario, fomento económico, obras y servicios públicos y un largo etcétera que, dada la descoordinación y poca integración estructural de las dependencias, llevan no nada más a los ciudadanos sino a los mismos funcionarios honestos a topar con puertas falsas, recovecos y meandros en un laberinto de oportunidades perniciosas.

Es claro que a esto obedece la “reingeniería” organizacional que ha venido haciéndose en Naucalpan, moviendo, removiendo o cambiando de adscripción oficinas, personal y atribuciones. Pero el cambiar de sitio ciertas piezas del ajedrez sobre el tablero administrativo no garantiza necesariamente un mejoramiento de los procesos del ayuntamiento visto como un sistema. Por ejemplo, el Ministerio Público sigue, empantanado como está en las definiciones legales de costumbre, sin ser eficaz ya no nada más respecto de su relación con la ciudadanía sino con respecto de otras dependencias. No se coordina ni con la Dirección Jurídica ni con la Dirección de Seguridad ni con la Secretaría de Gobierno. Lo peor, no se coordina internamente entre turnos haciendo de su atención pública un viacrucis cuando no un callejón sin salida que no nada más desalienta la posibilidad de la denuncia, sino redunda, a ojos del ciudadano, en el ridículo y el descrédito de la administración de justicia municipal.

Teníamos asociada la idea de que donde estaba lo más podrido era, aparte de la estructura burocrática, el área de seguridad. Ahora va saliendo a la luz, poco a poco, que solo es esta la punta más visible del iceberg y que algunas de las líneas que tensan la telaraña de la corrupción llegan a niveles, si no insospechados, por lo menos poco confirmados incluso dentro del gobierno estatal. A tal punto que, de acuerdo con determinada fuente consultada por Indicios Metropolitanos, en el afán de salirse ciertos grupos de poder con sus fines han llegado a repartir, bajita la mano, 500 mil pesos para, ejemplo, desmantelar mesas directivas de asociaciones de colonos opositoras a su codicia e intromisión en la vida de las comunidades; incluso bajo supuestas instrucciones de autoridades de la talla de un subprocurador estatal a la cabeza de esas redes de corrupción  para, por ejemplo, congelar cuentas en Banorte y así reventar o fabricar culpables.

A veces esa vulnerabilidad se localiza en los ciudadanos que, de buena fe, se ofrecen para ser elegidos como miembros de los Consejos de Participación Ciudadana y como delegados.

El desconocimiento de estos de los subterfugios de la política palaciega lleva a algunos a cometer yerros, a confiar de más o, todo lo contrario, a desconfiar o aprovechar la tentación de estar cerca del poder. Ya lo dice el dicho, que el poder corrompe e iguala. Pero la corrupción no siempre se da en la forma de una burda compra-venta de conciencias, como en la desorientación de las capacidades y posibilidades que da el poder en relación con el servicio público. Si ya los presidentes municipales a veces nos parecen señores feudales, no faltan los funcionarios, presidentes de COPACI o delegados que, ungidos con la tinta de un sello se erigen en reyezuelos de sus dependencias o sus comunidades, según el caso, para infortunio propio y de sus representados.

Quien agita el avispero no siempre lo hace para azuzar y exponerse a la ponzoña en afán de allegarse un poco de papel donde asentar su firma, sino puede ser por causa de la necesidad, para liberar del peso de la inquina a la rama del árbol bajo cuya sombra crece la esperanza.