El escalón que falta 1. Del dicho al hecho

marzo 10, 2016 Santoñito Anacoreta 0 Comments



ERA DE LA OPINIÓN… que con la intervención del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) por virtud de un convenio promovido por el gobierno municipal presidido por Edgar Olvera Higuera, las cosas podrían ser distintas en lo tocante a la participación ciudadana, pero todo apunta a que los comicios que en próximos días se efectuarán en los municipios del Estado de México para elegir Consejos y Delegaciones de Participación Ciudadana podrían resultar, como antes y siempre, amañadas, no precisamente por causas perversas achacables al actual alcalde, sino quizá más bien por torpeza general del cabildo ignorante de los huecos legales preexistentes. Pero antes de entrar en materia quiero recordar lo expuesto por Alberto Olvera —vaya coincidencia con el presidente municipal naucalpense— en 2009 al respecto:

Uno de los rasgos más interesantes de la dilatada e incompleta transición a la democracia en México es el uso que se la ha dado a la innovación legal. El carácter centralmente electoral de la transición, con sus constantes conflictos postelectorales y sus inacabables reformas en las reglas e instituciones electorales, hizo que se perdiera de vista que hay otros terrenos en los que se han tratado de abrir nuevas avenidas a la democratización de la vida pública.
Tal es el caso de las leyes de participación ciudadana. Poco visibles y ciertamente poco trascendentes aún en la vida política nacional y local, estas leyes han sido uno de los terrenos de innovación legal más relevantes. Y lo son porque todas las democracias operativas del mundo tienen instrumentos de participación política que trascienden el escenario meramente electoral. Resaltan los mecanismos de democracia directa: plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana, que en diversas modalidades se incluyen en las constituciones o en leyes secundarias en buena parte del mundo. Ciertamente, por su propio carácter excepcional, es decir, por ser instrumentos de decisión última sobre asuntos de trascendencia nacional o local, estas formas de participación ciudadana han sido usadas con poca frecuencia en la historia. Además, no dejan de ser ambiguas en sus alcances democráticos. (OLVERA & CILANO, 2009).

Desafortunadamente, en lo tocante a México, esas figuras como la “consulta popular” ya incluida en nuestra Carta Magna, no son vinculantes, es decir que no obligan a los gobiernos a acatar la voluntad ciudadana como sí se supone que sucede con el voto específico para elegir cargos de función pública (remunerada con base en el erario mismo).
En 2013, junto con algunos amigos y vecinos conformé una planilla para competir en mi localidad por los cargos de representación vecinal y autoridades auxiliares del ayuntamiento conocidos como Consejos de Participación Ciudadana (COPACI) y Delegaciones de Participación Ciudadana. Los detalles de la anécdota poco importan fuera de que la mayoría habíamos conformado tiempo atrás la Comisión Técnica de Vecinos de La Florida que sostuvo las gestiones y diálogos con la dependencia del gobierno del Estado de México (SAASCAEM) y las empresas encargadas de construir el Viaducto Bicentenario, toda vez que implicaba diversas afectaciones sobre el fraccionamiento que habito y en general la zona aledaña. La experiencia fue tanto fructífera como frustrante.

Fructífera por el conocimiento que conlleva de diversos aspectos por los cuales se logra comprender el estado de las cosas y los alcances que uno, como ciudadano, puede adquirir cuando se inserta en la práctica política de lleno y no solo como un elector que observa de lejos.

Frustrante como suele suceder cuando uno topa con la pared. En este caso la pared llena de huecos legales por los que toda la luz se filtra y ciega y distorsiona la realidad, aun siendo parte de la misma. Huecos que hacen permisiva la “corrupción involuntaria” tras la conformación de planillas a modo del gobierno municipal en turno. Huecos por donde se cuela el afán de ciertos grupos de poder para controlar los destinos de la población gobernada. Huecos por los que la mano del gobierno ase la del ciudadano, no para guiarla, sino para coartarla al convertirse en el “gran elector” con funciones de organizador, juez y parte. Huecos, también, consecuencia de la apatía de los conciudadanos cuya enjundia al calor de la circunstancia termina enfriándose con el paso de los días hasta convertirse en franca indiferencia.

Los COPACI y los Delegados no son, de suyo y por indefinición de la constitución estatal del Estado de México, ni miembros del ayuntamiento ni funcionarios públicos, sino apenas parte mínima y extensiva de la estructura descentralizada de la administración pública. Sin embargo, la actual Ley Orgánica Municipal del Estado de México en su Título III, Capítulo Cuarto sí define de tal modo, para el caso de los delegados, que estos son además autoridades auxiliares o, dicho con crudeza, seudofuncionarios públicos sublimitados en sus funciones, además de ser cargos honorarios, es decir sin goce de sueldo, lo que ya implica un desequilibrio para quienes aspiran a servir (o servirse) desde esa posición de empoderamiento (que no de poder), pues todo gasto relativo a sus gestiones y trámites han de subsanarlos de su peculio, a menos que hagan entre sus “vecinos representados” la común “coperacha”.

Artículo 27.- Las Autoridades Auxiliares ejercerán en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les confiera el Ayuntamiento y las disposiciones jurídicas aplicables, para coadyuvar en la conservación del orden, la tranquilidad, la paz pública, la seguridad y la protección de los habitantes de su respectiva comunidad.
Asimismo, podrán coordinarse con la Dependencia o Entidad de la Administración Pública Municipal correspondiente, para la planeación de programas que sean necesarios para el desarrollo de su comunidad. Los trámites y gestiones que realicen las Autoridades Auxiliares serán gratuitos y en el desempeño de su labor no recibirán remuneración alguna.
Artículo 28.- Los integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana y las Autoridades Auxiliares a que se refiere el presente Capítulo, estarán sujetos a las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.
Tratándose de Delegados y Subdelegados se aplicarán las mismas normas generales de los Consejos de Participación Ciudadana respecto a la elección, duración del cargo, remoción y suplencia, contempladas en la normatividad de la materia; asimismo, los Delegados, Subdelegados e integrantes de los Consejos no podrán ser reelectos para el período inmediato siguiente [cf. (ESTADO DE MÉXICO / Naucalpan de Juárez, 2013): Título segundo, Capítulo Tercero; (LI LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, 1992): Título III, Capítulos Cuarto y Quinto].
En su exposición de motivos, La ley Orgánica Municipal del Estado de México apuntaba ya en 1992:

A pesar de sus limitaciones de recursos, los ayuntamientos y sus comunidades están en marcha, pero es evidente que debe fortalecerse aún más la capacidad de actuar, decidir y gestionar de los ayuntamientos; propiciar una mayor participación ciudadana en una gama más amplia de actividades y tareas de la vida pública municipal; e incrementar los mecanismos y vías de coordinación y apoyo que puede y debe aportar el Gobierno del Estado.
[Por lo que en esta Ley …] Se estipula con toda precisión que la elección de los Consejos de Participación Ciudadana Municipal debe efectuarse en los plazos que establece la ley; y, en su caso, de acuerdo a los calendarios complementarios que determine el ayuntamiento, señalándose como fecha inicial el último domingo de enero del primer año de la administración municipal y como fecha límite el 21 de marzo del propio año.
[Además…] Se amplían los cauces de participación para los vecinos, con la reestructuración de la integración y atribuciones de las comisiones de planeación para el desarrollo, adecuándose su terminología jurídica y facultando a los ayuntamientos para que al inicio de su período constitucional, las integren con presidentes de los consejos de participación ciudadana municipal y con personas representativas de la colectividad y/o que tengan un conocimiento técnico especializado de los asuntos de que éstas se ocuparán [op.cit.].

Uno de los motivos no escritos para la creación, en aquellos años noventa de los Consejos de Participación Ciudadana fue la crisis, podemos decir, de imagen y funcionalidad representativa de las cámaras y asociaciones empresariales y vecinales, crisis que llevó a la gente a relacionar el corporativismo sindicalista y su corrupción subyacente con los juegos de intereses propios de la partidocracia.

Los Consejos de Participación Ciudadana fueron pensados entonces como el brazo extensivo de la sociedad sobre las gestiones de gobierno; mientras, las Delegaciones vinieron a ser el brazo extensivo del gobierno para mediar y detectar las necesidades sociales.

En el Estado de México —como en otras regiones del país—, las asociaciones de colonos y vecinales empezaron a perder adeptos, y esto se reflejó no nada más en la baja recaudación de fondos, sino de manera especial en la discutible representación de los intereses y necesidades de la población agremiada, los que fueron absorbidos o puestos al servicio del status quo político en medio de jalones y riñas por el poder.

Cada vez más llenas de problemas, asociaciones como la de Ciudad Satélite se volvieron cebo y premio para individuos y grupos que las cooptaron, con más afán de poder y lucro en vez de servicio a la comunidad, lo que derivó en el deterioro de la calidad de vida municipal por medio del otorgamiento de permisos a mansalva para cambiar usos de suelo y construir desordenadamente, prodigar el ambulantaje, abandonar el mantenimiento preventivo de calles, avenidas, parques, los que poco a poco fueron tomados por la delincuencia, así la investida con uniforme como la embozada con el antifaz del oportunismo.

La Asociación de Colonos de La Florida, fraccionamiento que habito, se vio envuelta hará unos veinte años en diversos líos legales, demandas y arrebatos que llevaron a que, detalles más o menos, por sentencia de un juez, la presidencia de la misma quedara en manos el Ing. Carlos González, un exempleado de la Compañía de Luz y Fuerza, vecino que, si por una parte trató de contener los aviesos intereses que tienen la mira puesta sobre La Florida, también por torpezas de carácter acabó por dividir la ya de por sí debilitada asociación, la que incluso terminó con instalaciones embargadas por el ayuntamiento, con deudas pesadas por sueldos caídos, y un largo etcétera.

El ingeniero pretendió pasar la estafeta a mí tanto como a otros vecinos en varias ocasiones, pero ninguno le quisimos entrar a la rifa del tigre.

Cuando surgieron los COPACIs, también buscó enamorarnos a algunos, para que nos involucráramos de modo que fuéramos el contrapeso faltante en la colonia. Ahí sí, de entonces a la fecha, varios le entraron, si bien no todos con las mejores intenciones y procederes. En fecha tan próxima como diciembre de 2016 falleció el mencionado ingeniero González y ello, hoy, deja a la asociación en el limbo, acéfala.

Lo anterior ya lo veíamos venir los miembros de la Comisión mentada. A solicitud de los vecinos reunidos en asamblea y por requerimiento condicionante del gobierno estatal entonces gobernado por el hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, conformamos la Asociación Defiende a La Florida A.C., con la finalidad de asentar un órgano más consolidado que la Comisión para representar a los vecinos en aquellas pláticas con gobierno y empresas como OHL.

Luego de construido el Viaducto Bicentenario con menos afectaciones de las que originalmente tenía el proyecto —aunque no faltan las voces críticas que clamaban el “todo o nada”—, calmadas las aguas, los vecinos en general se olvidaron de Defiende a La Florida, la que está ahí, como en el limbo también, pero latente. Algunos miembros de aquella comisión consideramos pertinente dar un giro y crear un grupo que unificara a otros de todo Naucalpan con el mismo interés de hacer del municipio un mejor lugar dónde vivir y trabajar.

Felipe Peralta Trillo explica a Indicios Metropolitanos y sus lectores esta parte de la historia.

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